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  • Diario Digital | jueves, 28 de marzo de 2024
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Hacer sin robar, esa debe ser la consigna

Hacer sin robar, esa debe ser la consigna
Los hechos de corrupción suman en Cochabamba en los tres municipios con más población del eje metropolitano, y las denuncias, al igual que una caja de Pandora, siguen saliendo. Hay más involucrados, entre ellos las máximas autoridades ejecutivas. El último caso que se destapó fue el del alcalde suplente temporal de Quillacollo, Zacarías Jayta.

Autoridades y funcionarios de los municipios de Cochabamba, Quillacollo y Sacaba, según la Fiscalía, están inmersos en hechos de corrupción que provocaron cuantiosos daños económicos a los erarios de estas alcaldías, dinero que bien pudo haberse invertido en obras para beneficiar a los barrios.

Lamentablemente, la corrupción se ha convertido en una moneda común en algunos sectores de la administración pública, y quien llega a un cargo ve una oportunidad para asegurar su vejez y la estabilidad económica de su familia.

La corrupción está tan “institucionalizada” en nuestro medio, que más de un contribuyente halla consuelo en una frase, que en otra época se manifestaba con mayor frecuencia, “roba, pero hace”. Es decir, la gente considera que sería peor una autoridad o funcionario que se apropie del dinero del erario público y, encima, deje sin obras a los barrios de un determinado municipio.

Esta forma de pensar, del “roba, pero hace”, debe ser de una vez por todas desterrada de nuestra forma de pensar. Las autoridades y los funcionarios públicos son servidores que reciben un sueldo para hacer su trabajo. No pueden apoderarse del dinero de los contribuyentes en forma deshonesta, es decir, tienen que dejar de robar.

La Ley Marcelo Quiroga Santa Cruz castiga con penas de cárcel a los corruptos, sin embargo, parece que ni esta sanción es suficiente para persuadir a los delincuentes que manchan una gestión y, lo peor, le arrebatan la posibilidad de recibir una mejor atención en salud y educación a miles de niños.

Los que asumen cargos en las entidades públicas deben entender que estas no pueden ser saqueadas. Al contrario, ellos tienen la responsabilidad de administrar bien los recursos y cuidar el centavo. Su tarea es invertir en obras que beneficien a la mayor parte de la población, sin cobrar diezmos a las empresas que se adjudican los trabajos.

En Cochabamba, desde que se destapó el caso de las mochilas escolares, en Cercado, por la presunta adquisición con sobreprecio y otros hechos irregulares, se han sucedido otros tan preocupantes como el primero. En Sacaba, por ejemplo, se develó una red de corrupción que se encargaba de realizar trámites ilegales por impuestos de vehículos, que operó entre 2015 y 2018.

Los integrantes de esta red de corrupción se apoderaron de dinero que debía ingresar a las arcas de Sacaba y lo desviaron a sus cuentas personales.

Un cálculo realizado a mediados de enero señalaba que estos delincuentes provocaron un daño económico de al menos 268.000 bolivianos, según el representante regional del Viceministerio de Transparencia Institucional, Ever Veizaga.

En el caso del municipio de Cochabamba, aunque aún no se ha cuantificado el monto del daño económico, la concejal que denunció, Rocío Molina, lo cifró en varios millones de bolivianos.

El último escándalo, el de Quillacollo, apunta a que el alcalde suplente temporal, Zacarías Jayta, y el presidente del Concejo Municipal, Víctor Osinaga, son acusados por supuestamente haber realizado cobros ilegales a empresas que se adjudicaban las obras.

Estos recurrentes hechos de corrupción deben ser erradicados, y para eso se deberá aplicar la Ley Marcelo Quiroga Santa Cruz, de modo que quien llegue a la función pública no robe y, al contrario, trabaje con honestidad, se gane un salario y salga por la puerta grande cuando acabe su gestión, y no como sucede actualmente, que las autoridades están dejando su despacho para ir directamente a una celda de la cárcel.