En un video filtrado la semana pasada se ve cómo el abogado Jhasmany T.L. se sienta delante de un hombre, le golpea en la cara, en la cabeza, y le jala del cabello, insinuándole que pague una deuda de 1.700 dólares al propietario de una distribuidora de baterías, quien también estaba presente cuando sucedió la tortura. Esa suerte habrían corrido al menos cuatro personas más que estaban en una lista que ese cliente pasó a la consultora Leclere y Asociados, identificándolas como deudora.

El dueño de esa distribuidora de baterías fue aprehendido ayer, cuando estaba en su negocio, ubicado por inmediaciones a la calle Falsuri. Con él, ya suman ocho aprehendidos por el caso del consorcio dirigido por el abogado Jhasmany T.L. que, entre otras cosas, torturaba a personas para exigir el pago de deudas. Entre los aprehendidos hay funcionarios de la Policía, el Órgano Judicial y la Fiscalía.



DETALLES Marcos Quiroga, abogado del distribuidor de baterías, detalló que su cliente fue una víctima más del abogado Jhasmany.

Supuestamente, el comerciante contrató los servicios de la consultora Leclere y Asociados en junio de 2017 para que inicie procesos penales por estafa a cinco personas que, en suma, le debían aproximadamente 17 mil dólares. Entonces, desconocía cómo procedían, según el abogado.

Para que se efectivice el trabajo, el distribuidor le dejó al abogado Jhasmany T.L. los nombres de sus deudores, las direcciones de sus viviendas y otros detalles personales. Según su abogado, esa información es la que convencionalmente pediría cualquier otro profesional.

Los honorarios que pagó de manera anticipada eran 4.000 dólares.

Lo que llamó la atención del comerciante es que, una vez que contrató los servicios de la consultora, a las 15:00 horas, bastó que transcurrieran tres horas para que Jhasmany T.L. le diera las primeras noticias sobre uno de sus deudores.

La consultora Leclere y Asociados citó a su cliente a su oficina, donde ya tenían capturado al deudor, el hombre que aparece en el primer video filtrado la semana pasada.

Según el abogado del distribuidor, al ver la tortura a la que sometían al hombre, no pudo reaccionar, por temor a correr la misma suerte.

Optó por pedir a Jhasmany T.L. que ya no proceda con el resto de gente. Esa decisión derivó en amenazas en contra de él y su familia. Supuestamente, la consultora atentaría contra él si decía algo sobre lo que vio.

El distribuidor le pidió a Jhasmany T.L. que le devuelva el pago que dio por adelantando, pero otra vez fue intimidado, por lo que decidió alejarse.

El abogado Marcos Quiroga dijo que esa es la razón por la que no denunció el hecho.

Se prevé que la audiencia de medidas cautelares de este hombre se desarrolle entre hoy y mañana.

AUDIENCIA La jornada pasada también se desarrolló la audiencia de los dueños de la propiedad que tomó en anticrético el mecánico torturado.

José Benito Arauco, Elena Soleto de Arauco y su hijo Gustavo acudieron en la mañana al Juzgado de Tiquipaya para solicitar su libertad. Sin embargo, ratificaron la detención domiciliaria de las tres personas.

Ellos contrataron los servicios de la consultora Leclere y Asociados para que torturen al mecánico y lo obliguen a firmar un documento en el que acepta que le devolvieron el dinero del anticrético, 20.000 dólares.