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  • Diario Digital | viernes, 29 de marzo de 2024
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SECUESTRO, EXTORSIÓN, ORGANIZACIÓN CRIMINAL

Historias de víctimas y de nexos de un abogado que emulaba a gánster

Jhasmany T.L. tenía mucho poder en círculos del hampa, policiales, judiciales y del Ministerio Público. Manejaba los hilos de la “injusticia”.
Historias de víctimas y de nexos de un abogado que emulaba a gánster



Tres videos que llegaron a varios medios de comunicación y que fueron difundidos, bajo reserva de fuente, impactaron la última semana al país, por la violencia con la que el abogado Jhasmany T.L. y varios integrantes de su grupo insultan, humillan, golpean y amenazan con gasificar y matar a dos hombres desconocidos.

Las imágenes, captadas aparentemente en la oficina que ocupaban en la calle Kápac Yupanqui, entre Félix Reyes Ortíz y avenida Segunda Circunvalación, se viralizaron en las redes sociales y dieron lugar a múltiples opiniones.

Algunas personas alegaron que “para recuperar dinero de los deudores morosos y sinverguenzas”, a veces es necesario recurrir a este tipo de abogansters”. Esto, haciendo referencia a que una de las víctimas que aparece en dos videos recientes, el abogado Jhasmany le reclamaba que no había pagado 1.700 dólares en tres años y que ahora debía pagar 2.000. De lo contrario, “se moría”. Esta víctima ya fue identificada y prestó sus declaraciones ante la Fiscalía.

Pero, si bien la consultora jurídica Leclere y Asociados, dirigida por el abogado Jhasmany T.L., ofrece en su página de Facebook “asesoría integral en la defensa por la comisión de delitos patrimoniales, económicos y financieros y la recuperación de deudas”, con métodos de tortura, esa no es la única actividad ilícita por la que se investiga al grupo.

Existen tres procesos formales en contra de los “asociados”. Un mecánico, un abogado, y el padrastro de Jhasmany T.L. son las tres primeras víctimas que describieron los vejámenes, torturas, extorsiones y secuestros a los que fueron sometidas, en diferentes fechas y circunstancias.

Dos de estas tres personas tropezaron con varios obstáculos para que sus casos sean investigados. Varios abogados de Cochabamba se negaron a defenderles en cuanto se enteraron de que el denunciado era Jhasmany T.L., argumentando que el hombre era “muy peligroso” y que tenía “comiendo de su mano” a vocales, jueces, fiscales y policías. En el caso del mecánico, un abogado que es familiar suyo aceptó defenderlo, pero tuvo que renunciar a las dos semanas, tras ser intimidado por abogadas cercanas a Jhasmany T.L. que patrocinaron una denuncia en su contra y lo aprehendieron para conducirlo a Tupiza.

Entonces, el mecánico, viéndose solo, clamó ayuda a los ministros de Justicia y de Gobierno. Héctor Arce instruyó que abogados del Servicio Plurinacional de Asistencia a la Víctima (Sepdavi) se encarguen del caso hasta el final. La Fiscalía descubrió entonces que otra víctima del bufete era el padrastro de Jhasmany, quien fue despojado de su vivienda y su camioneta tras ser obligado a firmar el reconocimiento de una deuda inexistente de 100.000 dólares. El Ministerio Público buscó al padrastro y le tomó declaraciones.

Sin embargo, las pesquisas estaban por diluirse debido a que la consultoría jurídica arremetió contra los investigadores de ambos casos, la fiscal Faridy Arnez y el policía Víctor Saavedra, abriéndoles procesos penales e internos por montones, con el fin de que sean cambiados y sancionados. En el mundo del “Derecho”, Jhasmany es conocido como “el rey de las chicanas”. Introducía incidentes, recursos e inventaba procesos contra cualquier persona que se atreviera a denunciarle, para que se dediquen a defenderse y que no logren investigarle. Incluso tenía contactos en algunos medio de comunicación para acusar de corrupción a sus “enemigos”.

Eso ocurrió con el policía investigador Víctor Saavedra, a quien acusó falsamente con ayuda de la hija de un delincuente. Pero, además, con la colaboración de algunos malos camaradas de Saavedra, quienes accedieron a su file para sacar su fotografía de uniforme, y publicarla en un medio impreso. Saavedra fue apartado de la investigación de las denuncias contra Jhasmany T.L. y su imagen fue manchada con la ayuda de policías. Recién, las pesquisas de la Dirección de Investigación Policial Interna (Didipi) concluyeron y liberando de toda culpa al investigador. Lo mismo pretendía hacer con los nuevos investigadores asignados, de acuerdo a un audio en el que instruye abrir cuatro procesos contra fiscales y policías para lograr apartarlos de su caso. Pero, ¿cuál es su relación con la Policía?

En la página de Facebook de la consultora Leclere y Asociados, el 80 por ciento de sus contactos y amigos son policías. Además, la consultora publica un anuncio que lleva el emblema y los colores de la Policía Boliviana con el siguiente texto: “Leclere y Asociados. Ratificamos nuestro compromiso de siempre apoyar, defender y asistir a nuestros hermanos de la Policía Boliviana, todas las veces que seamos requeridos y convocados. Gracias por contar con su apoyo”.

Decenas de efectivos de Cochabamba han sido defendidos en sus procesos disciplinarios y penales por Jhasmany T.L. También tiene relaciones de “compadrazgo” con varios efectivos de cargos altos, medianos y de bajo rango. Incluso se habla de pagos mensuales “por dejar operar en la ciudad a bandas delincuenciales a las que defendía Jhasmany”. Esta información también es investigada en base a testimonios de algunos aprehendidos. Un expolicía, Diego Céspedes, era parte de su organización y participó de varios “operativos” irregulares en contra de las víctimas de Jhasmany. Personas vestidas de policías formaban parte del séquito que secuestraba, torturaba y extorsionaba. Existen sospechas de que eran agentes reales.

Además, durante las investigaciones del caso del mecánico y del padrastro, que empezaron en marzo de 2018, varias estrategias se filtraban a través de policías que alertaban de cada paso de la Fiscalía para que los integrantes del grupo “se cuiden, tomen sus recaudos y obstaculicen todo”. Pese a que las órdenes de aprehensión contra varios integrantes de la organización fueron emitidas hace más de un mes y medio, hubo una demora excesiva en ejecutarlas. Toda esta “lentitud” y las filtraciones de la investigación convencieron al ministro de Gobierno, Carlos Romero, de que era necesario enviar policías de La Paz.

La organización de Jhasmany también penetró la Fiscalía y el Tribunal de Justicia de Cochabamba. La investigación logró obtener audios en los que se escucha al abogado explicando en qué juzgados y salas penales obtendrán los resultados que quieren, “poniendo platita”. Incluso se recuperaron documentos en los que se comprueba que Jhasmany redactaba las resoluciones finales de procesos, que algunos vocales solamente “firmaban”.



Datos

15personas implicadas en esta presunta organización criminal ya fueron aprehendidas. Seis de ellas están detenidas en diferentes cárceles y otras ocho tienen detención domiciliaria.  

“Privilegios” en los juzgados

Juan Antonio Cuéllar, de 50 años, no ha dejado de temblar desde el 16 de marzo de 2018, cuando la desgracia tocó a la puerta de su taller, en la avenida Reducto y Cuatro Esquinas, en Tiquipaya.


El taller funcionaba en un inmueble de propiedad de José Benito A.Q. y Elena S. de A. El mecánico ya había solicitado la devolución de su anticrético de 20.000 dólares porque estuvo años allí y quería mudarse a otra zona. La pareja le había respondido que no tenía el dinero y que espere, pero el tiempo paso y no lograban reunir el monto, por lo que Juan Antonio Cuéllar los demandó en un proceso ejecutivo. El 16 de marzo de 2018, tres hombres fueron al taller a pedir auxilio para su carro, que estaba varado a unas cuadras. El mecánico salió con sus herramientas y subió a un taxi con los dos hombres hasta llegar a un Toyota RAV4 que tenía el capó abierto. El mecánico fue reducido a golpes, le hicieron toques eléctricos con toritos y le vendaron los ojos para llevarlo hasta un inmueble donde le torturaron sumergiéndole la cabeza en un bañador con agua y a golpes, para obligarlo a firmar un documento en el que admitía que le devolvieron los 20.000 dólares. Le tomaron fotos contando 2.000 dólares en billetes, junto a los dueños del inmueble, pero nunca le dieron ni un dólar. Le amenazaron con violar a sus hijas si les denunciaba. Tuvo que enviar a las menores fuera del país, con una pariente, para poder sentar la denuncia e intentar recuperar los ahorros de toda su vida. En este caso, ocho personas implicadas ya fueron aprehendidas. Cuatro fueron enviadas a diferentes cárceles: Jhasmany T.L., Marcos F., Vicente Simón G. y Wilder G.M. 


Otras cuatro tienen detención domiciliaria: los propietarios del inmueble, José Benito A.; su esposa Elena S.; el hijo de ambos José Gustavo A.S. y la esposa de él, Riosby T.M. que además eran los abogados de los dueños. 


Julián: “Oramos 625 días por esta justicia”

 Otra víctima de Jhasmany T.L. fue su propio padrastro, el hombre que lo crió desde los dos años de edad y que le dio su apellido. Tras la muerte de la madre de Jhasmany, hace varios años ya, Julián continuaba viviendo en la casa que construyeron con su trabajo de confeccionista. Se volvió a casar hace dos años y , al parecer, esa decisión preocupó al abogado que tuvo miedo de que la nueva esposa se quedara con los bienes.


El 4 de febrero de 2018, Jhasmany irrumpió en la vivienda de la calle Manco Kápac y Segunda Circunvalación con un séquito de unas 15 personas entre abogados, asistentes, un notario, y policías que les amenazaron de muerte poniéndoles un arma de fuego a la cabeza, golpeando y sometiendo a toques eléctricos a Julián para obligarlo a firmar un documento en el que reconocía una deuda inexistente de 100.000 dólares con Jhasmany. El abogado se refería a sus acompañantes con solemnidad:“Señor notario, señor fiscal, señores policías son testigos de este reconocimiento”. Tras la firma forzada, el abogado y sus cómplices expulsaron a su padrastro y a su familia de la casona y les arrebataron la camioneta con la que trabajaban. Las víctimas, Julián, Janeth y el hijo de ella (era viuda cuando conoció a Julián) se congregan en una iglesia evangélica y no denunciaron a Jhasmany. 


“Durante 625 días oramos a nuestro Dios de rodillas pidiéndole a él su justicia, y entonces salió el mecánico denunciando que fue secuestrado y torturado. Esa ha sido una respuesta de Jesús a nuestro clamor ”, contó Julián. 


El padrastro se hizo cargo de los hijos de la madre de Jhasmany, como si fueran propios. Hace tiempo, cuando ella enfermó, Julián se encargó de costear todos los tratamientos médicos para salvarla. Incluso vendió algunos bienes para ello. Los hijos, que ya habían hecho sus vidas, no ayudaron. Pese al esfuerzo, su esposa falleció. Hoy, Julián y su familia viven en un diminuto altillo prestado en la zona sur y espera poder recuperar su casa y su camioneta. “A mi muerte, los hijos que reconocí como míos herederán mis bienes, pero todos, no uno solo, y no de esta forma”, dijo muy dolido, en una anterior entrevista con OPINIÓN.


Por este casos ya fueron detenidos: Marcelo VG. César M.C., Jhasmany T.L., Eliana V., el expolicía sentenciado Diego Céspedes, Diego L. y el hijo de un fiscal Sergio Mauricio O.A.


6 detenidos 

por el caso del padrastro: Jhasmany T.L. (detención domiciliaria), Marcelo V.G., Eliana V., el expolicía sentenciado Diego Céspedes, Diego L. y el hijo de un fiscal, Sergio Mauricio O. 


El caso de persecución y lesiones a los Zegarra

El abogado Franz Zegarra, relató lo que le tocó vivir a él y a su familia cuando se topó con “la organización criminal de Jhasmany”. La madre de Zegarra, de 84 años, posee un inmueble en la calle Brasil y Esteban Arce, en el que hay dos tiendas comerciales. Una exempleada de la familia que trabajaba en las tiendas “se relacionó con unos colombianos y con una pareja de matones, Dorcas y Samuel, que quisieron apropiarse de los negocios. Incluso ya habían hecho trámites.


Cuando los hijos de la anciana se dieron cuenta, intentaron sacar a la empleada y a la pareja de inquilinos, pero llegó un grupo de abogados que atacó a los hermanos a golpes. “Yo no estaba. Le rompieron el dedo a mi hermano militar, a mi otro hermano médico que estaba convalesciente de una cirugía quisieron ahorcarlo, mi madre tenía moretones en el cuerpo”, relata mientras muestra las fotografías. La Policía aprehendió a las víctimas. 


En las tiendas, Zegarra halló tarjetas de los abogados Jhasmany T.L y César M.C. Decidio sacar toda la mercadería de la exempleada y en ese momento llegó Jhasmany T.L. “con un grupo de matones, Diego L.N. que tiene antecedentes por falsificación, Marcos F.F. y Johnny M. A., todos tienen el mismo tatuaje de un triángulo invertido en la muñeca. 


“En plena trifulca, Jhasmany llama a la Policía y varios efectivos, que normalmente demoran media hora para auxiliar a las víctimas, llegan en minutos cuando él los busca. “Jhasmany T.L. es muy peligroso. No pudieron apropiarse de las tiendas de mi madre, sacamos a la empleada y recuperamos todo. Desde ese momento me persiguió y el 25 de julio apareció un sicario que me golpeó en la sien. Me destrozó el oído. Un vecino apareció y me ayudó. Mientras él me llevaba a un hospital, me estaban denunciando a mí por agresión. Cuando yo quise denunciar a Jhasmany, los policías no querían tomarme la denuncia. A mi madre le iniciaron un proceso. Es su estilo: intimidar con procesos y, extrañamente, los policías y fiscales les temen o los ayudan”, denunció.