Videos divulgados en los medios de comunicación, en los que se ve a un grupo de personas golpeando a un supuesto deudor, develó la existencia de un consorcio de abogados, fiscales y jueces que se encargaban de extorsionar a sus víctimas mediante torturas.

Si bien era un secreto a voces que el abogado Jhasmany T.L había cometido varas tropelías contra personas a las que, ayudado por matones, secuestraba previamente y las llevaba hasta su oficina que convirtió en un centro de torturas, al estilo de la dictadura, las autoridades decidieron tomar, finalmente, acciones firmes para desarticular y, en su caso, sancionar a estos criminales que actuaban con impunidad.

El abogado involucrado como uno de los líderes de este clan de torturadores seguía dirigiendo sus actos delincuenciales desde la cárcel, arropado por jueces, fiscales y funcionarios públicos corruptos, que seguramente tienen mucho que perder, por lo que no les convenía contradecir a Jhasmany y hacer todo lo que él les ordenaba.

La jornada de ayer, el Ministerio Público instruyó la aprehensión de una vocal, un fiscal, cuatro policías y una persona particular que estaban directamente involucrados con esta red de secuestradores y torturadores.

En los videos difundidos por los medios de comunicación, y que se viralizan en las redes sociales, es posible observar la violencia con la que actúan estos delincuentes, siempre bajo las órdenes del abogado, quienes insultan, golpean y humillan a sus víctimas, exigiéndoles que paguen sus deudas con daños y perjuicios incluidos.

El abogado Jhasmany T.L fue trasladado la noche del jueves al penal de máxima seguridad de Chonchocoro, de La Paz, para evitar que siga disfrutando de privilegios en El Abra, y con el objetivo de que no pueda continuar con su actividad delincuencial.

La justicia tiene entre sus manos una importante responsabilidad, investigar y procesar, debidamente, a este abogado y su entorno de corruptos, sin importar que sean jueces, fiscales, policías o expolicías. Al contrario, contra los funcionarios públicos la ley debe caer con más drasticidad, para que sea un antecedente de que nadie tiene tanto poder para poder burlarse de las leyes y amedrentar a la sociedad impunemente.

Este grupo de torturadores, al parecer, está bien blindado y cuenta con “amigos” poderosos, por lo que será complicado desarticularlo, pero dependerá de los jueces y fiscales probos, y de los buenos investigadores de la Policía dar fin con esta mafia que aterrorizó a varias familias y que sigue amenazando desde su madriguera.

En Cochabamba, el fiscal Departamental, Juan de la Cruz Vargas Vilte, pidió a las personas que hayan sido víctimas de estas personas denunciar en la Fiscalía para ampliar las investigaciones contra el abogado Jhasmany T.L y sus cómplices.

Asimismo, el ministro de Justicia, Héctor Arce, instruyó que el viceministro de Transparencia, Diego Jiménez, y la directora del Servicio Plurinacional de Asistencia a la Víctima, Angélica Rocha Ponce, profundicen la investigación de este caso de extorsión.

Lo más probable es que esta red de extorsionadores tenga muchas ramificaciones y que, además, existan otros consorcios que se dedican a torturar a sus víctimas, porque, lamentablemente, han encontrado una veta para amasar sus fortunas.

Si estos casos no se esclarecen por completo y no se castiga con penas duras de cárcel a estos delincuentes, se dejará una ventana abierta para que otros torturadores hagan lo mismo.

Hasta el momento, las acciones que han asumido autoridades como los ministros Carlos Romero y Héctor Arce son buenas señales valoradas por las víctimas, de que se busca acabar con estos grupos delincuenciales y devolverle, de esa forma, la tranquilidad a sus familias.