Según datos del INE (2016), en lo que respecta a discapacidad, casi 350.000 personas declararon tener alguna dificultad permanente, la mayoría en áreas urbanas, sin mucha diferencia entre varones y mujeres. El 80 por ciento de estas personas manifiesta tener dificultades físicas fácilmente reconocibles como ceguera, sordera y dificultades para caminar.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) hace el siguiente razonamiento causal: la tasa de finalización de estudios, entre quienes tienen alguna discapacidad y quienes no las tienen, presenta contrastes más pronunciados en países pobres. Si la falta de estudios incrementa las probabilidades de desempleo, entonces, las personas con discapacidad son más vulnerables a la pobreza. Se entiende por vulnerabilidad la indefensión, inseguridad y alta exposición a riesgos.

Estos datos permiten ver que la pobreza y la discapacidad se afectan mutuamente y se acrecientan en la medida de la falta de acceso a la educación formal y profesional. De este razonamiento, se desprende una primera conclusión: la educación superior, la formación profesionalizante y estrategias de inclusión laboral podrían disminuir la vulnerabilidad a la pobreza de personas con discapacidad.

De hecho, este es probablemente uno de los mayores dilemas de los padres de personas con discapacidad: la subsistencia económica sin apoyos naturales en ausencia del entorno familiar.

Este problema interpela de manera directa a las universidades, aquellas que han incluido algún aspecto en sus normativas para facilitar el acceso de las personas con discapacidad a la educación superior e incluso han instruido que se constituyan unidades especializadas en la temática, como es el caso de la Universidad Católica Boliviana San Pablo (UCBSP).

En el Estado Plurinacional de Bolivia, la estructura jurídica que ampara a las personas con discapacidad se basa fundamentalmente en la Constitución Política, la ley 4024, que aprueba la “Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y su Protocolo Facultativo”, suscrito por Bolivia el 13 de agosto de 2007, y la Ley 223, Ley General Para Personas Con Discapacidad, del 2 de marzo de 2012.

Adicionalmente, la Ley de Educación N° 70 indica que la educación especial está orientada a promover y consolidar una educación inclusiva hacia las personas con discapacidad, con dificultades en el aprendizaje y con talento extraordinario del aprendizaje en el Sistema Educativo Plurinacional.

Más allá de otros decretos y resoluciones de instituciones como el Comité Ejecutivo de la Universidad Boliviana (CEUB), la UCBSP apuesta por difundir una cultura inclusiva y acciones que promuevan la inclusión. Son de mucho beneficio cursos presenciales, virtuales y diplomados locales y nacionales realizados con docentes para abordar la temática y preparar, de alguna manera, para la práctica.

La segunda conclusión que se deriva de este análisis es que las universidades no solo forman a personas con discapacidad, sino también a quienes en el futuro próximo serán tomadores de decisiones y estará en su poder el contratar a personas con discapacidad, tanto en organizaciones estatales, paraestatales, privadas e incluso religiosas.

La UCBSP se ha propuesto tener mayor incidencia en la problemática, de modo particular, la carrera de Comunicación Social, pues la base para difundir y consolidar información, actitudes y conductas inclusivas en la comunidad pasa por elaborar estrategias de divulgación, difusión y comunicación.

Esta es una razón más para apostar por una educación inclusiva, promoviendo valores, pero también para preparar profesionales que desde procedimientos y conocimientos estén atentos a disminuir barreras sociales para personas con discapacidad.