Colombia cuenta con una Ley de Reforma Urbana que permite, entre otras cosas, que se destine el 20 por ciento del territorio municipal a vivienda de interés social y faculta a los municipios a intervenir en los mercados de suelo. En ese contexto, la Alcaldía Mayor de Bogotá crea una empresa de adquiere terrenos con fines y bajo prerrogativa de utilidad pública, los urbaniza y luego transfiere las viviendas a organizaciones populares o constructoras con capacidad de financiamiento para que las comercialicen a favor de personas de escasos recursos a precios más accesibles que los del mercado inmobiliario. De este modo, Metrovivienda, así se llama la entidad, no solo ha logrado incidir en el crecimiento informal, sino también brindar una alternativa a las familias de bajos ingresos.

Henri Lefebvre escribió el libro titulado Le Droit á la Ville en 1968, cuestionando el modelo de desarrollo de las ciudades y los excesos producidos por la economía capitalista, planteando redefinir las necesidades, formas, funciones y estructuras (económicas, sociales, políticas y culturales) de la ciudad.

Entre los años 50 y 60 post Segunda Guerra Mundial se vivió un crecimiento acelerado de las ciudades porque, no obstante que entre las décadas 70, 80 y 90 hay una marcada desaceleración, la población urbana no ha dejado de crecer. Las consecuencias son un crecimiento desordenado, concentración poblacional elevada en puntos dispersos del territorio, pérdida del espacio público, movilidad dividida, largos trayectos, contaminación del aire, déficit de acceso a vivienda, falta de servicios básicos, marginalidad y pobreza, etc. Problemas que todavía demandan atención de nuestros gobiernos locales, y mientras se atiende acá, la ciudad crece más allá, dándonos la impresión de que esa brecha jamás se cerrará. En 2004, ONU Hábitat, reconociendo el trabajo de Lefebvre, propone la Carta Mundial por el Derecho a la Ciudad, replanteando la planificación y reordenamiento de las ciudades a través de herramientas no del todo nuevas, pues hace décadas el principio del bienestar colectivo sobre el individual se impuso en las políticas urbanas en Colombia, México y Brasil, entre otros.

No es imposible recuperar las rentas que generan las ciudades y repartirlas de forma equitativa oponiéndose a las fuerzas mercantiles que promueven la segregación y privatización de los servicios y espacios públicos, planteando la primacía del interés y bienestar colectivo sobre el individual, garantizando la participación ciudadana en las decisiones sobre el proceso de urbanización, el acceso a los espacios públicos, suelo urbano, vivienda, servicios y equipamiento para todo.