Cerca de un centenar de periodistas y personalidades vinculadas con medios de información y las artes exigen a la estatal boliviana de comunicaciones (Entel) la suspensión de un juicio penal contra el director del portal informativo brujuladigital.net, Raúl Peñaranda, y recuerdan la vigencia de los tribunales de ética y de imprenta para procesar casos vinculados a la difusión de noticias.
La carta recuerda que en tres oportunidades, el gerente de administración de la Empresa Nacional de Telecomunicaciones (Entel), José Arturo Molina, amenazó a Peñaranda con un juicio en la vía ordinaria. Las sanciones por casos resueltos bajo el Código Penal pueden derivar en la privación de libertad del procesado.
La Asociación Nacional de la Prensa de Bolivia (ANP) que representa a los principales diarios y una agencia de noticias rechazó las advertencias de la empresa estatal contra el periodista Peñaranda. La organización lamentó que se intente suprimir el derecho de los ciudadanos a conocer la forma de administración de una empresa pública, y reclamó respeto al trabajo periodístico en general.
En Bolivia está vigente la Ley de Imprenta, respaldada por la Constitución Política del Estado (CPE) promulgada por el presidente Evo Morales en febrero de 2009, que dispone el proceso de periodistas por presuntos delitos en un tribunal especial organizado los concejos municipales.
La amenaza de Entel, que depende del gobierno del Movimiento al Socialismo (MAS), desconoce la Constitución y la Convención Americana sobre Derechos Humanos y la Ley de Imprenta. Todas estas normas garantizan la libertad de expresión del sujeto universal del derecho a la información: el ciudadano, expresa el mensaje.
“La nota publicada no contiene error. Se limita a señalar que, cuando Entel realiza licitaciones para la contratación de empresas de seguridad, no incluye un requisito obligado por la norma, cual es que deben contar con una licencia de funcionamiento”, explicó el periodista.
El diario Página Siete afirmó en un editorial que “Entel es una de las entidades estatales menos transparentes del país, cuyos gerentes casi nunca aceptan dar declaraciones o entrevistas y, además, como hemos dicho, amenazan con procesos judiciales (o los inician) a cualquiera que ose criticar sus políticas”.
“Se ha convertido, de ese modo, en una empresa conocida por sus intimidaciones, sus acusaciones y sus chantajes. Ni este diario ni el resto del periodismo independiente del país debe aceptar esas acciones. Exigimos  a Entel que desista  de iniciar un juicio penal a un periodista”, expresa el pronunciamiento del medio impreso.
 

El periodista Raúl Peñaranda en imagen de los archivos del diario Página Siete.

Coordinación Nacional
Unidad de Vigilancia y Monitoreo de la Libertad de Prensa y Expresión en Bolivia
Asociación Nacional de la Prensa (ANP)