La ministra de Comunicación, Gisela López, se declaró "víctima" de una "arremetida política infame" de gonistas y separatistas; negó las acusaciones de malversación de recursos aunque no esclareció el pago por la publicación que hizo el Gobierno de una encuesta de intención de voto a favor de Evo Morales.
La autoridad admitió en su cuenta de Twitter que el Gobierno publicó en varios medios de comunicación la encuesta de intención de voto que favorece al presidente Evo Morales.
A raíz de esta declaración, la oposición presentó ante el Ministerio Público dos denuncias por varios delitos penales y electorales, entre ellos malversación de recursos públicos, uso indebido de bienes del Estado e inducción al voto.
López atribuyó estas acciones a una "arremetida política infame" en respuesta a los senadores Oscar Ortiz y Arturo Murillo que el lunes interpusieron dos demandas penales por el delito de "malversación" de fondos.
"Saben que es una denuncia falsa, no existe una norma que esta autoridad hubiera violado, no he cometido ningún acto en contra de la Ley Electoral, menos contra los procedimientos normados para el ejecutivo, lo que se ha publicado y difundido ha sido en el marco de la normativa vigente", declaró la ministra.
Acotó que los ataques son producto de la unión entre el "gonismo" y el "separatismo", porque en la encuesta de intención de voto publicada por el Gobierno, Oscar Ortiz, tiene un 6 por ciento "y eso le duele" o a un Carlos Mesa que estaría por debajo del presidente Evo Morales.
El diputado José Carlos Gutiérrez denunció en el Tribunal Supremo Electoral (TSE) que la titular de Comunicación violó la Ley del Régimen Electoral al publicar la mencionada encuesta y exigió que se suspenda la personería jurídica al MAS y que su binomio sea inhabilitado.
El legislador asegura que existe jurisprudencia, porque el 2015, el TSE suspendió la personería jurídica de los Demócratas en Beni e inhabilitó a más de 200 de sus candidatos, porque un dirigente comentó unas encuestas internas.
López sostuvo que realizó un análisis exhaustivo con los abogados de su despacho y reiteró que "no he violado nada y eso puedo demostrar ante cualquier instancia: jurídica, legal, política y ética", en consecuencia dijo que tiene la conciencia tranquila porque sus actos están sujetos a las normas.
La autoridad realizó una declaración en su despacho en la Casa grande del Pueblo, no aceptó preguntas de los periodistas y señaló que existirá otro espacio para debatir.