FORO
Utilidades de los bancos destinadas a cumplir fines sociales
13 de enero de 2019 (19:49 h.)
La actual Constitución Política del Estado introdujo en el país una nueva política financiera, definiendo que el Estado debe regular el sistema financiero con criterios de igualdad de oportunidades, solidaridad, distribución y redistribución equitativa de ingresos. Estos aspectos guardan valores muy positivos para una sociedad tan diversa como es la boliviana, logrando la inclusión de sectores anteriormente desatendidos.
Antes de este importante cambio en las políticas financieras, únicamente sectores que habían tenido la suerte de ser más privilegiados que otros, podían acceder al sistema financiero.
Un claro ejemplo de esto es la antigua Ley de Bancos y Entidades Financieras, la cual fue claramente concebida bajo un paradigma de protección a los interés de las entidades financieras, sin ninguna intención de incluir políticas de ayuda social, para proteger y favorecer a quienes usan efectivamente los servicios financieros y generan ingresos para la banca.
En ese contexto, la Ley N° 393 de Servicios Financieros, rompiendo esos paradigmas elitistas, dispuso que un porcentaje de las utilidades de los bancos -normalmente distribuidas para pagar dividendos a sus socios o para su capitalización- sean destinadas a cumplir una función social, conformando varios fondos con ese propósito.
Es bueno recordar que hace más de cinco años, cuando estas medidas sociales fueron establecidas, el sector bancario tomando conciencia de la importancia de estas, las habría consensuado con el Gobierno. Sin embargo, pareciera que poco o nada de dicho consenso se habría apropiado en el actuar de los bancos, percibiéndose en la actualidad un sector desconforme con estas medidas de carácter social.
Los bancos múltiples y bancos pyme, en las gestiones 2014, 2015, 2016 y 2017, aportaron el 6 por ciento de sus utilidades para conformar el Fondo de Garantía de Créditos de Vivienda de Interés Social (Fogavisp), y al Sector Productivo (Fogacp) y el Fondo para Capital Semilla (Focase).
El Fogavisp, que garantiza hasta el 20 por ciento de créditos para viviendas de interés social sin costo para el prestatario, cuenta con un total de patrimonio autónomo de 23.9 millones de dólares, con una capacidad para garantizar 1.193 millones de dólares, utilizando a octubre de 2018 un 91 por ciento de esta, por cuanto es muy previsible que se agoten sus recursos en el primer trimestre de 2019.
El Fogacp, que respalda hasta el 50 por ciento de créditos para micro y pymes de dicho sector sin ningún costo, cuenta con un patrimonio autónomo de 19.9 millones de dólares, con una capacidad para garantizar 338 millones de dólares, presentando a noviembre de 2018 un 25 por ciento de recursos restantes, por cuanto se podría esperar que agote dichos recursos en el primer semestre de 2019.
Dichos fondos representan una gran ayuda para que aquellas personas que no cuentan con garantías puedan acceder a créditos, aspecto que fue reconocido por el Secretario Ejecutivo de Asoban.
Los bancos, pese a una caída en su rentabilidad, mantienen buenos niveles de utilidades, alcanzando en 2017 el más alto de los últimos 12 años, con 295 millones de dólares y a noviembre de 2018 un nivel de 236 millones de dólares.
Por lo tanto, el fortalecimiento patrimonial de los bancos está en función a las decisiones que tomen sus accionistas, en cuanto a capitalizarlas o distribuirlas.
Antes de este importante cambio en las políticas financieras, únicamente sectores que habían tenido la suerte de ser más privilegiados que otros, podían acceder al sistema financiero.
Un claro ejemplo de esto es la antigua Ley de Bancos y Entidades Financieras, la cual fue claramente concebida bajo un paradigma de protección a los interés de las entidades financieras, sin ninguna intención de incluir políticas de ayuda social, para proteger y favorecer a quienes usan efectivamente los servicios financieros y generan ingresos para la banca.
En ese contexto, la Ley N° 393 de Servicios Financieros, rompiendo esos paradigmas elitistas, dispuso que un porcentaje de las utilidades de los bancos -normalmente distribuidas para pagar dividendos a sus socios o para su capitalización- sean destinadas a cumplir una función social, conformando varios fondos con ese propósito.
Es bueno recordar que hace más de cinco años, cuando estas medidas sociales fueron establecidas, el sector bancario tomando conciencia de la importancia de estas, las habría consensuado con el Gobierno. Sin embargo, pareciera que poco o nada de dicho consenso se habría apropiado en el actuar de los bancos, percibiéndose en la actualidad un sector desconforme con estas medidas de carácter social.
Los bancos múltiples y bancos pyme, en las gestiones 2014, 2015, 2016 y 2017, aportaron el 6 por ciento de sus utilidades para conformar el Fondo de Garantía de Créditos de Vivienda de Interés Social (Fogavisp), y al Sector Productivo (Fogacp) y el Fondo para Capital Semilla (Focase).
El Fogavisp, que garantiza hasta el 20 por ciento de créditos para viviendas de interés social sin costo para el prestatario, cuenta con un total de patrimonio autónomo de 23.9 millones de dólares, con una capacidad para garantizar 1.193 millones de dólares, utilizando a octubre de 2018 un 91 por ciento de esta, por cuanto es muy previsible que se agoten sus recursos en el primer trimestre de 2019.
El Fogacp, que respalda hasta el 50 por ciento de créditos para micro y pymes de dicho sector sin ningún costo, cuenta con un patrimonio autónomo de 19.9 millones de dólares, con una capacidad para garantizar 338 millones de dólares, presentando a noviembre de 2018 un 25 por ciento de recursos restantes, por cuanto se podría esperar que agote dichos recursos en el primer semestre de 2019.
Dichos fondos representan una gran ayuda para que aquellas personas que no cuentan con garantías puedan acceder a créditos, aspecto que fue reconocido por el Secretario Ejecutivo de Asoban.
Los bancos, pese a una caída en su rentabilidad, mantienen buenos niveles de utilidades, alcanzando en 2017 el más alto de los últimos 12 años, con 295 millones de dólares y a noviembre de 2018 un nivel de 236 millones de dólares.
Por lo tanto, el fortalecimiento patrimonial de los bancos está en función a las decisiones que tomen sus accionistas, en cuanto a capitalizarlas o distribuirlas.