Cochabamba, jueves 20 de junio de 2019
Desde Afuera

Lucha contra la impunidad deja a Guatemala nuevamente dividida

| | 11 ene 2019 | Ed. Imp.

La decisión del presidente de Guatemala, Jimmy Morales, de cesar por anticipado las operaciones de la Comisión Internacional Contra la Impunidad (CICIG), y la de la ONU de mantenerlas hasta septiembre, tiene divididos a los guatemaltecos, que se alistan para una nueva contienda electoral en junio próximo.

Morales dio el pasado lunes un nuevo golpe de autoridad al dar por terminado de forma unilateral e inmediata el acuerdo de 2006 que creó la Comisión para luchar y desarticular las mafias y corruptelas dentro del Estado.

Ese mismo día el secretario general de la ONU, António Guterres, rechazó la medida y llamó al Gobierno de Guatemala a cumplir el compromiso de que la Comisión termine su mandato el próximo 3 de septiembre, como lo había aceptado el Presidente el año pasado cuando anunció que lo no renovaría.

La Corte de Constitucionalidad (CC), el máximo tribunal del país, resolvió este miércoles dejar en suspenso provisional la salida anticipada de la Comisión, y el Gobierno anunció que analizará el fallo para dar luego su postura.

Las decisiones adoptadas por las partes tiene dividida a la sociedad guatemalteca, de por sí aún polarizada por el conflicto armado que desangró al país entre 1960-1996.

Morales, que llegó al poder respaldado por el partido Frente de Convergencia Nacional, conformado por militares retirados, algunos de ellos señalados de desapariciones forzadas durante el conflicto armado, suma los apoyos de los sectores empresariales. La sociedad civil respalda los fallos del Constitucional y a la CICIG, hasta ahora con mínimos plantones y pronunciamientos públicos.

La poderosa cúpula empresarial aglutinada en el Comité Coordinador de Asociaciones Comerciales, Agrícolas, Industrias y Financieras, las cámaras de Industria y del Agro y los bananeros independientes, entre otros, han expresado su apoyo a Morales.

Los empresarios aseguran que el Presidente actuó dentro del marco legal, pero piden que la salida de la Comisión esté acompañada de medidas efectivas que aseguren la lucha contra la corrupción.

El Mandatario decidió acabar con el acuerdo que el Estado guatemalteco firmó con las Naciones Unidas en diciembre de 2006 para el establecimiento de la Comisión alegando que esta violó las leyes nacionales e internacionales.

La crisis comenzó en agosto de 2017 cuando el presidente Morales declaró non grato al comisionado Iván Velásquez y ordenó su expulsión del país, pero la medida fue frenada por la CC, que hasta ahora ha sido una especie de aliada de la Comisión.

Las relaciones entre Velásquez y el Presidente se comenzaron a tensar después de que José Manuel Morales Marroquín y Samuel Morales, hijo y hermano del mandatario, respectivamente, fueron detenidos por un caso de corrupción en manos de la Cicig, que también pidió en al menos dos ocasiones quitar el fuero al gobernante para investigarlo por supuesta financiación electoral ilícita.

Cuando la CICIG y la Fiscalía denunciaron los actos de corrupción en el Gobierno del presidente Otto Pérez Molina (2012-2015), fueron multitudes las que salieron a protestar a las calles hasta que consiguieron su renuncia.

Tomado de la agencia EFE



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