La posesión de Nicolás Maduro como presidente de Venezuela para un segundo periodo de Gobierno, hasta 2025, ha profundizado la división en la región, entre los países que apoyan abiertamente a este régimen y aquellos que están en su contra y no lo reconocen.

Un día antes de que Maduro asuma un nuevo mandato, el Grupo de Lima, integrado por 14 países, emitió una declaración conjunta (excepto México), instando al gobernante a no tomar posesión, por considerar que el proceso electoral del 20 de mayo de 2018 en Venezuela “carece de legitimidad”.

Varios países de la región, incluido Canadá han calificado de ilegítimo y dictatorial al Gobierno de Maduro, y han pedido cercar a este régimen.

La Unión Europea lamentó que Maduro inicie un nuevo mandato tras elecciones “no democráticas”. Por su parte, la ONU adelantó que seguirá trabajando con el Gobierno de Venezuela.

Estados Unidos anunció que no reconocerá la “toma de posesión ilegítima de la dictadura” de Nicolás Maduro y, al contrario, incrementará su presión sobre ese “régimen corrupto”.

Maduro, investido ayer ante el Tribunal Supremo de Justicia, había asegurado horas antes que su Gobierno daría una respuesta “recíproca y oportuna” a los países e instituciones que no reconozcan su nuevo mandato.

Otras naciones como Nicaragua, Bolivia y Cuba han enviado mensajes de solidaridad y apoyo al Gobierno de Nicolás Maduro.

La posesión de Maduro como presidente de Venezuela traerá, con seguridad, mayor inestabilidad a la región, como sucedió, por ejemplo, cuando seis países de la Unión de Naciones Suramericanas anunciaron su alejamiento de este bloque en abril de 2018.

Y pese al apoyo que asegura tener Maduro, por parte de varios presidentes, lo cierto es que este régimen se queda cada vez más aislado.

Lo más preocupante es que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dejó entrever en más de una oportunidad que evalúa una intervención militar en Venezuela, porque lo que pasa en ese país es “una desgracia”.

Una hipotética intervención armada en Venezuela no afectará solo a este país, sino a toda la región sudamericana, porque generaría una mayor inestabilidad política y la economía se vería afectada, con la caída de precios.

Además, el éxodo de miles, tal vez millones de venezolanos a países vecinos, está generando tensión entre los habitantes de la nación expulsora con los anfitriones.

En el norte de Brasil, por ejemplo, se llegó a linchar a un venezolano acusado de asesinar a un brasileño. Colombia pidió ayuda económica internacional para atender el éxodo venezolano y declaró estado de emergencia sanitaria en la frontera. Hay una crisis humanitaria.

Al Gobierno de Maduro se le acusa de haber sumido a su población en una pobreza extrema, de encarcelar a los opositores, sin argumentos legales, y de una corrupción galopante.

Ni los analistas políticos se animan a predecir cuándo y cómo colapsará el régimen de Maduro, pero afirman que, por sentido común, la situación de Venezuela, tal como está, es insostenible, porque cada día siguen saliendo cientos de venezolanos, expulsados por el hambre y la persecución política.

Los opositores en Venezuela y gobiernos de varios países de Sudamérica, además de Estados Unidos y naciones de la Unión Europea, exigen unas elecciones limpias y que el pueblo venezolano decida su destino.

Lo que nadie quiere es que se desate una guerra civil en Venezuela y menos que algún país decida una intervención militar unilateral.

No se puede afectar la soberanía de un país, pero tampoco se debe mirar desde el palco lo que sucede en esa nación de 32 millones de habitantes, otrora una de las economías más prósperas de la región.