Opinión Bolivia

  • Diario Digital | viernes, 29 de marzo de 2024
  • Actualizado 00:00

ABAJO Y A LA IZQUIERDA

¿Quién persigue a quién?

¿Quién persigue a quién?
Hace unos días volvió a ser noticia el caso de Vicencia Apaza, una colega concejala del municipio de San Pedro de Curahuara (La Paz), quien se hizo célebre porque "persigue" al Concejo para poder sesionar, pues ellos cambian las sesiones del pleno a diferentes lugares para que ella no pueda asistir.

Lo de Vicencia no es una anécdota o un chiste, ella, como muchas, sufre acoso político por intentar ejercer su cargo. De acuerdo a la ley 243, se entiende por acoso todo acto realizado con la finalidad de limitar, anular, restringir, contrarrestar o menoscabar el ejercicio de los derechos políticos de las mujeres autoridades, electas, candidatas o representantes. El pasado año, 81 mujeres a nivel nacional denunciaron acoso y violencia política ante el Órgano Electoral Plurinacional (OEP) y 112 lo hicieron ante la Asociación de Concejalas de Bolivia (Acobol), duplicándose los casos registrados en periodos anteriores.

Ignorarnos o excluirnos de la discusión y toma de decisiones, negarnos información, impedirnos el ejercicio de nuestras funciones o derechos, asignarnos tareas que no corresponden, acusarnos de manera infundada de delitos, así como programar sesiones en horarios y lugares que dificulten nuestra participación son algunas de las formas de acoso y violencia política más comunes.

Se explica el incremento de estos hechos por haberse cumplido la mitad de la gestión y, en la mayoría de los casos, se obligó a las mujeres a firmar acuerdos ilegales de gestión compartida con sus suplentes. ¿Los titulares hombres firman acuerdos similares? Naturalmente no. Al incremento de denuncias se añade la falta de protección efectiva del sistema judicial, pues en los casos más emblemáticos como el asesinato de la concejala Juana Quispe de Ancoraimes, que denunció las amenazas y agresiones que sufría, los responsables continúan libres.

Es necesaria una modificación en la ley electoral que establezca que a la renuncia de una autoridad titular mujer sea otra mujer quien la sustituya, esto ayudaría a reducir el ejercicio de la violencia como mecanismo de acceso a la titularidad, mientras que la impunidad continuará siendo el principal obstáculo para enfrentar los móviles restantes y marcar la diferencia entre la mera presencia y la participación real de las mujeres en el poder.