Las Fuerzas Armadas (FFAA) tienen, según la Constitución Política del Estado, como misión fundamental defender y conservar la independencia, seguridad y estabilidad del Estado (...), garantizar la estabilidad del Gobierno legalmente constituido, y participar en el desarrollo integral del país, pero no puede, como organismo institucional realizar acciones políticas.

Por eso, las afirmaciones del nuevo Comandante en Jefe de las FFAA, general Williams Kaliman Romero, de que todos los militares son parte de los “procesos de cambio positivos”, provocaron críticas, especialmente de los opositores del Gobierno, quienes le recordaron a la autoridad castrense que la Constitución les prohíbe deliberar o realizar acción política.

Uno de ellos, el expresidente Carlos Mesa, candidato a la Presidencia por Comunidad Ciudadana, aseveró el miércoles 26 de diciembre que en su criterio las Fuerzas Armadas están “sometidas” al Movimiento Al Socialismo.

Esta práctica, inaceptable en su opinión, acabará pronto, porque vulnera el artículo 245 de la Constitución Política del Estado.

En defensa de las FFAA, el presidente Evo Morales afirmó que los opositores no quieren que esta institución sea del pueblo y participe en el desarrollo del país, y que siga sometida al imperio norteamericano, como en el pasado.

Y si bien el Presidente tiene razón en sentido de que la institución castrense, especialmente en tiempos de paz, debe convertirse en un motor del desarrollo integral del país, eso no significa que se encuentre sometido o demuestre su lealtad a un determinado partido político, tal como dejan entrever las palabras del recientemente posesionado general Williams Kaliman.

Las Fuerzas Armadas deben garantizar la estabilidad del Gobierno legalmente constituido, pero no pueden servir a un partido político, o grupo que circunstancialmente se encuentren en el poder o que tengan influencias en las altas esferas gubernamentales.

La institución armada de la nación ha desempeñado, y lo sigue haciendo, un papel importante en el desarrollo del país, abriendo caminos, llevando salud a los lugares más inhóspitos del territorio nacional y pagando el bono Juancito Pinto, en los últimos años.

Si vemos a las Fuerzas Armadas desde esa perspectiva, concluiremos que realmente se trata de una institución del pueblo, porque está a su servicio y sus miembros se encuentran prestos a colaborar en esas y otras tareas.

Cuando suceden desastres como inundaciones y terremotos, entre otros, el auxilio de esta institución es crucial, porque se supone que son militares y soldados entrenados para estos fines y con la disciplina necesaria para no desfallecer.

Pero si el rol de las Fuerzas Armadas se circunscribiría solamente a ser un soporte del partido de Gobierno de turno, o de otro cualquiera, su misión asignada por la Constitución Política del Estado se habría desvirtuado totalmente.

Una misión, también crucial de la entidad castrense, es defender y conservar la soberanía del país, es decir, cuidar las fronteras de cualquier invasión extranjera, y evitar lacras como el contrabando y el narcotráfico que, dicho sea de paso, ha cobrado varias víctimas en los últimos años, entre militares y policías.

En ese sentido, el presidente Morales encomendó al nuevo Alto Mando Militar la tarea de derrotar al contrabando, al tratarse este delito de una agresión económica al país.

Las Fuerzas Armadas, si se lo proponen, pueden ser una institución baluarte del desarrollo del país, especialmente en este periodo en el que el fantasma de las guerras parece haberse alejado de la región. Por eso, deberán prepararse para los desafíos que les espera, tanto para afrontar los desastres naturales, como en el tema de la salud, porque sus miembros son los más indicados para abrir brechas de desarrollo a lo largo y ancho de Bolivia.