Dos dramáticos casos, uno en Cochabamba y otro en Santa Cruz, ponen sobre el tapete el problema de negligencia médica que viven las víctimas y los familiares en la gestión que termina. Uno es el de Richard Arias Mendigure, un peruano de 53 años, quien permanece postrado en la cama de una conocida clínica qhochala. El otro es el del pequeño Sebastián Justiniano, que se quedó sin riñones, luego de que los médicos le extirparon el órgano que estaba sano. Ocurrió en un hospital de Santa Cruz, en septiembre.

En marzo, Richard entró caminando al centro de salud para que le extirpen un tumor benigno en la mandibula, pero quedó con muerte cerebral. En los últimos nueve meses permanece en ese estado y, aunque su familia hace lo imposible para lograr su recuperación, no tiene mejoría. Su esposa Wilma Torres y sus hijos se aferran a Dios y esperan un milagro.

El caso de Sebastián, un niño de apenas tres años que llegó al Oncológico de la capital cruceña en busca de ayuda para frenar el cáncer en uno de sus riñones, despertó el interés de todo el país, incluso, las autoridades gubernamentales intervinieron para evitar que el pequeño muera. Luego de varias gestiones, el menor fue trasladado a Brasil para que un grupo de especialistas lo atiendan y le garanticen la vida. Desde el 25 de septiembre permanece en el Instituto de Tratamiento de Cáncer Infantil, en Sao Paulo.

MÁS DE 19 DENUNCIAS

Los casos de Richard y Sebastián son dos de los más de 19 que fueron denunciados y que se ventilan en estrados judiciales.

Pero, no son los únicos, la representante de la Asociación de Víctimas de Negligencia Médica de Cochabamba, Wilma Torres, manifestó que la mayoría de personas que sufren por la mala práctica de algunos médicos prefiere evitar problemas y no los denuncian. Optan callar y llevar la “procesión” en silencio.

“Es mejor no meterse con ellos (médicos) porque se protegen y, es casi seguro, que nuestras quejas no serán atendidas”, dicen las víctimas.

Para muestra de esa determinación basta con recordar el caso de un joven padre que presenció la muerte de su pequeño hijo de dos años en la camilla en un hospital público de la ciudad.

“Debería ir a los parques a jugar con mi hijo, pero, ahora, tengo que visitarlo en su tumba”, señala el progenitor con voz entrecortada. Han pasado varios meses, pero aún no logra superar la pérdida del pequeño.

Él acudió a la Defensoría del Pueblo en Cochabamba en busca de ayuda. Su caso fue investigado, pero, nunca regresó a ver los resultados, no estaba en sus planes acudir a la Fiscalía porque “para los pobres no hay justicia en este país”.

Algunas denuncias han “prosperado” y los administradores de justicia dieron medidas sustitutivas a los acusados, pero, esas resoluciones no responden a los delitos cometidos. Es el caso de Simón Jaldín Álvarez quien murió debido a una mala cirugía y tratamiento que recibió por una lesión maxilar.

Los médicos fueron denunciados en el Ministerio Público. Después de 13 meses de peregrinar, un juez les dio medidas cautelares: una fianza de 15 mil bolivianos y la obligación de firmar el libro de control cada semana. “Ni siquiera fueron suspendidos. Siguen trabajando como si no hubieran hecho nada. Solo queremos justicia y que no condenen a otras familias a sufrir lo que nos tocó a nosotros”, dijo la hija Simón. La familia apeló esa determinación. Aún esperan que la causa sea revisada.

En el caso de Sebastián, el médico que lo operó goza de medidas sustitutivas, mientras que su ayudante, la doctora Isis Llápiz, está detenida en el penal de Palmasola.

La denuncia de la familia de Richard Arias tampoco avanza.

PROTESTA PERMANENTE

En Cochabamba, los familiares y los sobrevivientes que fueron víctimas de negligencia médica, al menos en la presente gestión, han protestado muchas veces. Lo han hecho en las puertas de la Brigada Parlamentaria, la Fiscalía, el Tribunal Departamental de Justicia, la plaza 14 de Septiembre y en el frontis de una conocida clínica, lugar donde se reportó la mayor cantidad de casos.

Es más, la familia de Richard Arias decidió colocar la foto de su ser querido en los relojes que hay en diferentes calles y avenidas para que todos “conozcan el caso y nos ayuden a buscar justicia”.

Otra de las acciones que realizan es organizarse en todo el país y “hacer fuerza” para que las autoridades gubernamentales se sensibilicen y tomen acciones.

En Bolivia no hay una norma legal que sancione de forma directa la negliencia médica. En el nuevo Código del Sistema Penal anulado estaba considerado ese tema. Ahora, esas denuncias son tratadas con el Código Penal.

Se esperan las auditorías médicas hasta 10 años

La retardación no solo se da en la justicia, si no también en las auditorías médicas, información básica para procesar a los profesionales acusados de mala praxis.

En el Informe Especial, publicado por este medio de comunicación el 23 de septiembre, se reveló que en Cochabamba solo había dos auditores médicos para casi dos millones de personas. Es más, solo es personal declarado en comisión para realizar ese delicado trabajo, ninguno tiene ítem para trabajar en la Unidad de Auditoría Médica Externa del Servicios Departamnetal de Salud (SEDES).

Esa situación hace que existan casos de víctimas de negligencia médica que esperan más de 10 años para que se realice ese proceso para que el Ministerio Público acepte o no la denuncia que presentaron.

El responsable de esa repartición del SEDES, Rubén Arispe dijo que solo entre 2014 y 2018 recibieron 146 requerimientos de auditorías. Del total, se revisaron apenas 45 casos.

El drama de los afectados y las familias se alarga por falta de personal. Ese problema no solo se vive en la Llajta, donde hay 10 profesionales certificados, si no en el resto del país. En Bolivia se tiene 35 profesionales con esa especialidad. Del total, un porcentaje ya está jubilado.

Arispe reconoció que se ven obligados a priorizar los casos que llegan a sus manos con requerimiento fiscal, pese a que hay otros que están en espera, incluso por años sin que sean revisados.