El artículo 18 de la Constitución Política del Estado (CPE) garantiza el acceso a la salud de todas las personas, sin exclusión ni discriminación alguna. Sin embargo, en los hechos no todos reciben una atención médica oportuna y de calidad.

El parágrafo III del artículo 18 de la CPE va más allá y señala que: “El sistema único de salud será universal, gratuito, equitativo, intracultural, intercultural, participativo, con calidad y calidez y control social (...)”.

El Estado es la instancia encargada de garantizar la inclusión y el acceso a la salud de todos los bolivianos.

Empero, como afirmábamos líneas arriba, en la actualidad no todas las personas reciben el mismo tratamiento cuando requieren atención en salud. En algunos casos porque no cuentan con un seguro social a corto plazo o porque no tienen recursos económicos suficientes para ir a un médico privado.

El drama de las personas que no tienen cobertura médica se hace más patente cuando sufren cáncer, diabetes o males renales, porque son dolencias “caras”, que obligan a las familias a vender los bienes que han adquirido en décadas. Lo importante es conseguir dinero para hacer frente a la enfermedad, pero ni aún así es sostenible. Lamentablemente, hay pacientes que se resignan y esperan la muerte en su lecho.

Para tratar de garantizar el acceso a la salud de todas las personas, el Gobierno ha venido estructurando el Sistema Único de Salud que, aparentemente, se implementará desde enero de 2019.

Por lo menos así lo hizo conocer el Gobierno, mediante el Ministerio de Salud, instancia que ratificó que el 2 de enero de 2019 se iniciará con el registro de las personas que no tienen un seguro de salud a corto plazo. El interesado debe presentar su cédula de identidad y la factura del consumo de agua y/o electricidad.

Que todos los bolivianos, sin exclusión ni discriminación, como reza la Constitución Política, puedan acceder a la salud es una muy buena noticia y se espera que la atención sea de calidad.

Las primeras interrogantes que surgen es si el país tiene la infraestructura hospitalaria adecuada, los ítemes suficientes (médicos, enfermeras y personal administrativo) y si existen los recursos económicos para que este seguro universal de salud sea sostenible, por lo menos a mediano plazo.

El presidente Evo Morales aseguró el pasado 5 de septiembre, que el Sistema Único de Salud comenzará con una inversión de 200 millones de dólares del Tesoro General de la Nación (TGN).

En esa oportunidad, Morales afirmó que la decisión de utilizar los recursos del TGN era para no afectar los que reciben las gobernaciones y alcaldías; tampoco se tocarán los aportes de los trabajadores afiliados a la Caja Nacional de Salud (CNS).

Empero, los asegurados a la CNS y a otros seguros siguen susceptibles, porque temen que para atender a los nuevos millones de asegurados deberán prestar sus infraestructuras y recursos, lo que podría derivar en el colapso de sus sistemas.

En el caso de la CNS, la atención actual es deficiente y los asegurados deben esperar semanas o meses para ser atendidos en alguna especialidad, y si se agrega a más personas, la situación podría agravarse.

Por eso es importante que el Gobierno tenga un plan bien estructurado que contemple la infraestructura, los ítemes suficientes y los recursos económicos necesarios para que este seguro esté garantizado por al menos una década, mejor si es más tiempo.

El día en que todos los bolivianos, sin excepción, accedan a una atención de salud gratuita, oportuna y de calidad, habremos dado un paso trascendental como sociedad.

La salud es un derecho fundamental, que no debe mezquinarse a nadie, más aún a las personas que tienen ingresos restringidos y no cuentan con un seguro a corto plazo.