La transparencia debe ser una prioridad en la Alcaldía, más ahora que el alcalde suplente temporal, Iván Tellería, ha decidido dar un golpe de timón para acabar con la crisis de la institución edil y esclarecer todas las denuncias de presunta corrupción que existen.

Nos parece saludable que la autoridad anuncie la entrega de toda la información que se requiera para coadyuvar en el esclarecimiento de varios hechos de presunta corrupción que son investigados por el Ministerio Público.

“El municipio no va a dejar de dar la información que nos pidan para que se esclarezcan las denuncias... A la vez vamos a exigir respeto a los derechos de nuestro Alcalde (José María Leyes)”, dijo ayer Tellería.

Como autoridad, Tellería debe proporcionar la información que posee la Alcaldía para esclarecer no solo los tres polémicos casos que se indagan sobre la compra de las mochilas escolares chinas, sino también las otras denuncias que hay en contra de varios funcionarios ediles.

Su antecesora y hoy presidenta del Concejo Municipal de Cochabamba, Karen Suárez, ya lo hizo en su momento, dentro del marco que la Ley Marcelo Quiroga Santa Cruz dispone para el esclarecimiento de las denuncias y las responsabilidades que tienen las autoridades locales y nacionales.

Asimismo, y en apego a la ley, Tellería afirmó que aguarda el informe de la Dirección Jurídica para convertirse o no en parte querellante en el caso de Mochilas III, denuncia que fue interpuesta por la Contraloría General del Estado.

La pasada semana, el viceministro de Transparencia Institucional y Lucha Contra la Corrupción de Bolivia, Diego Jiménez, informó que la Contraloría General del Estado presentó una denuncia penal a la Fiscalía contra el alcalde suspendido, José María Leyes, por una presunta compra irregular de mochilas escolares durante la gestión 2016. Además de la autoridad, que hoy guarda detención preventiva en la cárcel de San Antonio, al menos 11 funcionarios más fueron denunciados por cinco delitos que presuntamente habrían cometido: uso indebido de influencias, negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas, incumplimiento de deberes, contratos lesivos al Estado y conducta antieconómica.

El hecho de que las actuales autoridades del municipio coadyuven en la investigación que viene realizando el Ministerio Público, no significa que pretendan boicotear la gestión, como aseguró en septiembre pasado el concejal de Demócratas Carlos Coca. Más al contrario, creemos que la entrega de la información requerida podría permitir que pronto se devele si hubo o no irregularidades dentro la institución municipal de Cochabamba.

Ahora bien, los datos que reciban los fiscales que indagan las denuncias presentadas, en particular de las polémicas mochilas escolares, deben servir para el esclarecimiento de los hechos y no para el interés de cualquier político.

Los cochabambinos requieren saber qué exactamente sucedió con los recursos que se destinaron, por ejemplo, para la adquisición de las mochilas escolares chinas tanto en la gestión 2016 como en 2017 y 2018.

En ese marco, la Justicia está obligada a obrar con total transparencia y lejos de cualquier presión política, ya sea del oficialismo o de la llamada oposición.

La transparencia es para todos, porque solo así se podrá llegar a la verdad de los hechos.

Sin embargo, llama la atención la aparición de nuevas denuncias por presuntas irregularidades en la adquisición de 20 motocicletas y tres vehículos, motorizados que fueron entregados por el Alcalde suspendido al Comando Departamental de la Policía.

En ese caso, las actuales autoridades también deberán coadyuvar en el esclarecimiento y todo dentro el marco que las normas bolivianas les obliga.