El Gobierno del presidente de EEUU, Donald Trump, negó ayer cualquier responsabilidad en la muerte bajo su custodia de una niña guatemalteca de siete años que sufría deshidratación y que había cruzado con su padre irregularmente la frontera desde México.

La Casa Blanca describió lo sucedido como una "situación trágica" y "horrenda", pero evitó asumir cualquier responsabilidad y, de hecho. Aprovechó para instar a la oposición demócrata en el Congreso a aprobar las leyes que ha pedido Trump para "desincentivar" la llegada irregular de inmigrantes.

"Es una muerte innecesaria y es 100 por ciento evitable", dijo uno de los portavoces de la Casa Blanca, Hogan Gidley.

La niña y su padre formaban parte de un grupo de 163 migrantes que fueron detenidos a las 21 horas del 6 de diciembre cerca de Antelope Wells, en el estado de Nuevo México y en medio del desierto.

Desde su arresto hasta las 4.30 hora local, la menor, su progenitor y el resto de migrantes estuvieron en unas instalaciones de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos (CBP por us siglas en inglés), donde tuvieron acceso a agua, comida y aseos; y después fueron trasladados en autobús a otro centro a 150 kilómetros de distancia y ubicado en Lordsberg (Nuevo México), según el relato de los funcionarios.

La pequeña no había comido ni bebido agua durante varios días.

Cuando la comitiva llegó a Lordsberg, el padre alertó de que su hija había estado vomitando y no respiraba, de forma que inmediatamente fue trasladada con fiebre de 41 grados en helicóptero a un hospital infantil de El Paso (Texas), adonde llegó con un paro cardíaco.

En el centro sanitario lograron reanimarla, pero murió horas después.

A pesar de las explicaciones del Gobierno, todavía hay muchas preguntas sobre las más de siete horas que pasaron desde que la niña fue detenida hasta que comenzó a sufrir síntomas.El presidente del Caucus Hispano, Joaquín Castro, ya adelantó que pedirá una investigación sobre las condiciones y circunstancias que llevaron a la muerte de la menor.

El Gobierno de Estados Unidos arrestó a un 11 por ciento más de inmigrantes en el año fiscal 2018, que concluyó en septiembre, para deportarlos por residir ilegalmente en el país o por haber cometido algún crimen, informó el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, en inglés).