“Al hacer un contrato con una empresa privada la cooperativa minera automáticamente se constituye en una empresa privada, entonces va haber niveles de sanción, hay niveles de sanción  y debe haber niveles de control, y por eso la propuesta nuestra tiene que ver en involucrar de manera directa al municipio y a la gobernación en el control de la producción y la comercialización interna”, aseguró en conferencia de prensa.

En esa línea dijo que desde el Estado boliviano a través del Servicio Nacional de Registro y Control de la Comercialización de Minerales y Metales (Senarecom) será el responsable de controlar la exportación de los minerales “porque los productores locales producen para el mercado local y los compradores y exportadores tienen mercados asiáticos, europeos o americanos, entonces es parte de un sistema efectivo de control”.

Consultado sobre la actuación de la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM) para frenar la presencia de las dragas chinas en la Amazonía, primero en alianzas ilegales con las cooperativas y ahora con la figura de prestación de servicios con empresas privadas como el caso de Cachuela Esperanza, Navarro respondió: “lamentablemente y lo digo públicamente, hay cooperativas que son actores legalmente constituidos pero aun no tienen el contrato minero y están desarrollando actividades mineras productivas”.