Buena parte de la ciudadanía boliviana ha sido sorprendida con la determinación tomada de forma anticipada en sala Plena del Tribunal Supremo Electoral (TSE), mediante la cual se habilitó el binomio del actual partido de Gobierno para participar de las elecciones primarias de 2019.

Las reacciones han sido diversas, así como también las argumentaciones en contra y a favor de esta determinación. Lo cierto es que más allá de cualquier pseudo-explicación que se pretenda dar para justificar lo injustificable, para el ciudadano de a pie el mensaje de fondo es altamente preocupante, pues estamos ante la configuración de una realidad nacional en la que los intereses individuales se anteponen a los colectivos y el bien individual o sectario se sobrepone al bien común.

El bien común “es el conjunto de condiciones de la vida social que hacen posible a las [sociedades] y a cada uno de sus miembros el logro más pleno y más fácil de la propia perfección” (GS 26) y esta idea se fundamenta en la convicción de que el fin del hombre es hacer el bien y el de una sociedad es el bien común. Y el bien común se puede considerar como la dimensión social y comunitaria del bien moral. Este bien demanda ante todo las condiciones de un ordenamiento estatal que sean efectivas y confiables, como las que se dan en el Estado de derecho, que garanticen la convivencia pacífica y el respeto a la dignidad de las personas.

Por la naturaleza del ser humano es comprensible que todo individuo, así como todo grupo social, como por ejemplo un partido político, tenga intereses propios más o menos justificados; sin embargo, la búsqueda del bien común exige ser capaces de pensar más allá de las propias necesidades individuales o grupales. Debemos trabajar por el bien de todos, no solo de algunos, sobre todo de aquellos que no son visibles en nuestra sociedad y que no tienen voz ni poder.

Para avanzar hacia el bien común se requiere una actitud moral de toda la ciudadanía, pero ante todo de aquellos que coyunturalmente detentan el poder para tomar decisiones. Es decir, la sociedad y los gobernantes debemos tener un norte claro para dirigir o juzgar nuestro accionar en una comunidad. Pero cuando se pierde la razón profunda de porqué se hacen las cosas –el bien común–, se inviabiliza toda posibilidad de una relación pacífica, justa y respetuosa entre las personas de una sociedad y entre los pueblos.

Si se antepone la idea de que los fines justifican los medios, se parte de un pensamiento incorrecto porque no hay medios malos que conduzcan a un fin bueno. En este caso, si se ignora la voluntad mayoritaria del pueblo expresada en un referendo y se fuerzan interpretaciones para violentar la Constitución Política del Estado para favorecer algunos intereses político partidarios, se falla con el fin último que nos impone los principios y valores de nuestra conducta.

Como ciudadanos estamos llamados a asumir la responsabilidad de ser parte de una sociedad, debemos reconocer que no podemos vivir al margen de una armónica relación con los demás y que somos responsables de ello durante toda la vida. Por lo tanto, estamos obligados moralmente a servir al bien común, a garantizar que los individuos desarrollen dignamente su vida y a proteger los propios derechos colectivos de la comunidad por encima de los intereses individuales o de grupos partidarios.

Por todo esto, hoy más que nunca, la sociedad boliviana está moralmente obligada a movilizarse para exigir el respeto a la democracia, a su dignidad como pueblo y para garantizar la justicia social.