"Hemos visto que el país está con una democracia consolidada, están garantizados todos los derechos, incluso el derecho a la protesta, a la movilización y no vemos que haya un clima de conflictividad", dijo a los periodistas.

Los reportes de medios de comunicación mostraron el jueves una escasa respuesta ciudadana al paro nacional de 24 horas convocado por comités cívicos y dirigentes políticos que rechazan la habilitación del presidente Evo Morales como candidato para participar en las elecciones de 2019.

Al mediodía, el ministro de Gobierno, Carlos Romero, confirmó que la oposición y sus aliados no lograron paralizar el país con un paro convocado hace dos meses.

Según Romero, las actividades laborales y productivas en el país son normales, y la oposición logró movilizar solo a unas 5.000 personas.

La oposición sostiene que el 21 de febrero del 2016 un referéndum rechazó modificar el artículo 168 de la Constitución Política del Estado (CPE), para una segunda postulación continua del presidente y vicepresidente.

Los comités cívicos y dirigentes políticos convocaron a la población a movilizarse en contra del Tribunal Supremo Electoral (TSE) que el martes último habilitó al binomio oficialista Evo Morales-Álvaro García Linera para las elecciones primarias y generales de 2019.

El TSE sustentó esa decisión en un fallo del Tribunal Constitucional Plurinacional que a finales del 2017 legitimó la repostulación de autoridades nacionales y subnacionales en sujeción a tratados e instrumentos internacionales en materia de derechos humanos y reconocidos por la CPE.

Al respecto, el canciller informó que la comisionada de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Esmeralda Arosemena de Troitiño, destacó que la Constitución boliviana contemple la aplicación de tratados internacionales.

"Es una percepción positiva (...), ha valorado que la Constitución Latinoamericana y la boliviana den un tratamiento preferente a los acuerdos internacionales, preferentemente sobre los derechos humanos", remarcó.