DESDE AFUERA
La memoria histórica y el fin del 20N en el Valle de los Caídos
20 de noviembre de 2018 (19:59 h.)
En 2011 participé en la Comisión de Expertos para el Futuro del Valle de los Caídos nombrada por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. Elaboramos un informe en el que la recomendación estrella era la exhumación de Francisco Franco del monumento y el traslado de José Antonio Primo de Rivera a una cripta lateral. Sobre la salida de Franco del monumento, se emitieron tres votos particulares en contra.
La lógica de esta decisión era que para transformar el statu quo del monumento era preciso desmantelar la jerarquía funeraria franquista que lo preside. Franco y José Antonio flanquean hoy el altar mayor de la basílica, donde se celebran misas diarias desde la inauguración oficial del Valle el 1 de abril 1959 -en el vigésimo aniversario de la victoria militar de Franco-. Un anacronismo inexplicable en una democracia consolidada.
¿Cómo es posible que la España del año 2011, o del 2018, aún esté debatiendo, muchas veces de forma crispada, sobre el destino funerario de un dictador y la gestión de un monumento totalitario como el Valle de los Caídos, erigido a mayor gloria de los vencedores en la guerra? Para entender por qué el Valle se ha convertido en un nodo de controversias memoriales, hay que rebobinar unos años.
Desde hace casi dos décadas he coordinado un proyecto de investigación sobre las exhumaciones de fosas comunes de civiles republicanos ejecutados durante la Guerra Civil, un tema que ha tenido una importante repercusión mediática y ha generado no poca controversia social y política.
En un primer momento, fue la generación de los nietos de los derrotados en la guerra en la que se implicó de manera más intensa tras la famosa exhumación de Priaranza del Bierzo (León) del año 2000, promovida por el periodista Emilio Silva. Con las noticias de las primeras exhumaciones, las solicitudes de rescate de cuerpos fusilados de las fosas aumentaron exponencialmente. En pocos años, el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero respondió a esta demanda social con una ley de memoria histórica (Ley 52/2007).
Muchas asociaciones y colectivos de víctimas quedaron insatisfechos con el resultado final. Comenzaron a interponer demandas por desaparición forzada en la Audiencia Nacional. En 2008, el juez Baltasar Garzón dictó un auto declarándose competente para enjuiciar los crímenes del franquismo apelando al derecho internacional. Poco después tuvo que inhibirse. Fue juzgado en 2012 en el Tribunal Supremo por estos hechos, aunque finalmente fue declarado inocente.
Pero la conexión con la justicia universal ya estaba consolidada. En 2010, algunas víctimas empezaron a denunciar las desapariciones y otras violaciones de los derechos humanos en la llamada Querella argentina. Más adelante, la ONU envió a España dos misiones en 2013 y 2014: la del Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas, y la del Relator Especial sobre la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición. Ambas emitieron informes contundentes denunciado el desamparo de las víctimas del franquismo.
La lógica de esta decisión era que para transformar el statu quo del monumento era preciso desmantelar la jerarquía funeraria franquista que lo preside. Franco y José Antonio flanquean hoy el altar mayor de la basílica, donde se celebran misas diarias desde la inauguración oficial del Valle el 1 de abril 1959 -en el vigésimo aniversario de la victoria militar de Franco-. Un anacronismo inexplicable en una democracia consolidada.
¿Cómo es posible que la España del año 2011, o del 2018, aún esté debatiendo, muchas veces de forma crispada, sobre el destino funerario de un dictador y la gestión de un monumento totalitario como el Valle de los Caídos, erigido a mayor gloria de los vencedores en la guerra? Para entender por qué el Valle se ha convertido en un nodo de controversias memoriales, hay que rebobinar unos años.
Desde hace casi dos décadas he coordinado un proyecto de investigación sobre las exhumaciones de fosas comunes de civiles republicanos ejecutados durante la Guerra Civil, un tema que ha tenido una importante repercusión mediática y ha generado no poca controversia social y política.
En un primer momento, fue la generación de los nietos de los derrotados en la guerra en la que se implicó de manera más intensa tras la famosa exhumación de Priaranza del Bierzo (León) del año 2000, promovida por el periodista Emilio Silva. Con las noticias de las primeras exhumaciones, las solicitudes de rescate de cuerpos fusilados de las fosas aumentaron exponencialmente. En pocos años, el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero respondió a esta demanda social con una ley de memoria histórica (Ley 52/2007).
Muchas asociaciones y colectivos de víctimas quedaron insatisfechos con el resultado final. Comenzaron a interponer demandas por desaparición forzada en la Audiencia Nacional. En 2008, el juez Baltasar Garzón dictó un auto declarándose competente para enjuiciar los crímenes del franquismo apelando al derecho internacional. Poco después tuvo que inhibirse. Fue juzgado en 2012 en el Tribunal Supremo por estos hechos, aunque finalmente fue declarado inocente.
Pero la conexión con la justicia universal ya estaba consolidada. En 2010, algunas víctimas empezaron a denunciar las desapariciones y otras violaciones de los derechos humanos en la llamada Querella argentina. Más adelante, la ONU envió a España dos misiones en 2013 y 2014: la del Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas, y la del Relator Especial sobre la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición. Ambas emitieron informes contundentes denunciado el desamparo de las víctimas del franquismo.
La irrupción de estos cuerpos fusilados en el espacio público más de 25 años después de la muerte de Franco y con una democracia consolidada con alternancia política entre derechas e izquierdas, fue para muchos sorprendente (...).
Tomado de la agencia EFE