Todo está dispuesto en el Palacio de la Paz de la Haya, sede de la Corte Internacional de Justicia, la Corte Permanente de Arbitraje, la Academia de Derecho Internacional y Biblioteca para escuchar la lectura del fallo de la demanda, presentada casi un lustro antes por Bolivia, exigiendo a que Chile se halla obligado a negociar de buena fe una salida soberana al océano Pacífico.

Desde Bolivia rumbo a Holanda parte una nutrida delegación. A ella se sumarán, muchos más, desde distintos puntos del planeta, todos a costa del erario de la nación.

La presencia boliviana está encabezada por el Presidente, quien arriba el 30 de septiembre. En forma inmediata, a las 06:03 horas, envía un mensaje en el que afirma: “Seguro que habrá buenas noticias para el pueblo boliviano”.

El lunes 1 de octubre, vestido apropiadamente, como exige la oficina de protocolo, ingresa la delegación boliviana, que nuestra que en cuanto a número de componentes contrasta significativamente en relación a la parte contraria, pero también lo hace por el adusto semblante que muestran los representantes del Mapocho. Con cinco horas de diferencia, en vivo y en directo y gracias a la iniciativa de Univalle que patrocina un panel sobre el tema, se nos da escuchar la lectura del fallo. Ocho veces consecutivas el tribunal enfatizará: Ninguno de los instrumentos presentados por Bolivia, establecen una obligación para negociar una salida soberana; las declaraciones o actos unilaterales realizados por Chile no tienen implicancia jurídica; no existen bases legales que obliguen a conceder una salida al océano Pacífico; las recomendaciones insertas en resoluciones de organismos internacionales no constituyen per se actos vinculantes. De quince componentes del tribunal, 12 se adhirieron plenamente al fallo, 3 fueron los disidentes con argumentaciones disímiles. Los rostros de los asistentes están desencajados, las ilusiones desgranadas. Ha transcurrido más de un mes de ello y no hay explicación alguna para tal desastre. Desde aquel día, el pueblo espera una explicación y no meras alusiones. El Gobierno ha asumido posiciones adjetivadas contra la Corte, al mismo tiempo que considera una victoria la mera recomendación de que el fallo no sea un obstáculo para que las partes continúen un diálogo e intercambio de buena vecindad.

Desde la esfera gubernamental se asume que una remisión epistolar al Gobierno del vecino, en la que se solicita entendimientos futuros, son la panacea para encubrir el fracaso, ante ello, el silencio ominoso de la Moneda.

Hasta el momento, ningún órgano del poder, sea Legislativa o Ejecutivo, ha tomado iniciativa alguna para explicar a la ciudadanía y a las distintas instituciones y colectivos nacionales, de las razones de este gran fracaso nacional. Para mayor de las vergüenzas nuestras, con aquiescencia oficial, o tal vez no, el abogado Antonio Remiro Brotòns, que fue parte del equipo jurídico, asume el papel de explicador de la política internacional boliviana, y lo hace con notables desaciertos. Este es el momento preciso para que el Gobierno deje a un lado, por un momento, la contienda electoral y asuma la responsabilidad de explicar, coherente y detalladamente, sobre este tema, cuyo saldo hasta el presente dejó profundas y lamentables heridas tanto para la causa marítima y peor para el orgullo y la dignidad nacional.