La libertad de expresión se ha convertido en un peligro de mucho cuidado para dictadores o aspirantes a serlo. Allí donde la población empoderada empieza a levantar la voz directamente, a través de redes sociales o los escasos medios de comunicación independientes y plurales, salta la alarma provocando urticaria y un odio incontenible en gobiernos que aspiran a ser venerados y temidos por un pueblo sumiso y una prensa a su entero servicio.

En países ricos o pobres, con constituciones que garantizan la libertad de expresión como derecho y valor de una sociedad democrática e inclusiva y que hasta han ratificado convenciones de Derechos Humanos como el Pacto de Derechos Civiles y Políticos del Sistema Universal que en su artículo 19 señala que “toda persona tiene derecho a la libertad de expresión; este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección”, las persecuciones, expulsiones, asesinatos, desapariciones forzadas y encarcelamientos están a la orden del día. En Estados Unidos, que se precia ser la cuna de las libertades, tiene como presidente a Donald Trump, quién además de referirse a los medios de comunicación de manera agresiva por cumplir con su obligación de informar sobre las acciones erráticas de la Casa Blanca, ha llegado a retirar la acreditación a un periodista por hacerle preguntas incómodas.

En Turquía, el asesinato y posterior desaparición del cuerpo del periodista Kashoggi, por tener la osadía de criticar la política represiva del príncipe heredero de su país, Arabia Saudita. China, país que tiene suprimida la libertad de expresión e información, acaba de expulsar de Hong Kong a un periodista del Financial Times y negarle el ingreso a un evento cultural a un periodista y escritor chino, además de prohibir la venta de sus libros.

México, Honduras, Nicaragua, Venezuela y otros colocan a América Latina en un lugar peligroso para el ejercicio de la libertad de expresión. En Bolivia no se puede denunciar la corrupción, el abuso de poder, la impunidad del crimen organizado y ni siquiera recordarle al Presidente su obligación de respetar la Constitución Política del Estado y la voluntad del pueblo expresada en el 21F, sin riesgo de ser privado de libertad por orden de jueces al servicio del poder autoritario.