La Asamblea Legislativa acordó ayer, con la mayoría oficialista, enviar al Ministerio Público una investigación parlamentaria que sospecha de miembros de anteriores gobiernos del país en los casos de corrupción Odebrecht y Lava Jato, entre ellos el expresidente Carlos Mesa.

Tras una sesión ordinaria de más de nueve horas, los legisladores aprobaron con los votos del Movimiento al Socialismo (MAS) el envío del informe a la Fiscalía General del Estado.

El objetivo es que el Ministerio Público profundice en las investigaciones sobre ocho miembros de gobiernos de la década de 2000, cuatro de ellos en calidad de denunciados.

Los sospechosos son ministros, viceministros y gerentes del antiguo Servicio Nacional de Caminos en los gobiernos de Gonzalo Sánchez de Lozada (1993-1997 y 2002-2003), Carlos Mesa (2003-2005) y Eduardo Rodríguez Veltzé (2005-2006).

Cuatro de ellos, entre los que no está Mesa, figuran como denunciados, mientras que del resto se envía la investigación para que la Fiscalía decida, según explicó a EFE el presidente del Senado, el oficialista Milton Barón.

Barón detalló que “durante el Gobierno de Mesa se contrató a las brasileñas Odebrecht y Camargo Correa con un sobreprecio de más de 42.5 millones de dólares”.

Mesa siguió la sesión desde la tribuna de invitados, tras haberle sido denegada su intervención ante la Asamblea.

Dijo que el Órgano Legislativo está bajo un "control desmesurado" de los dos tercios que tiene el MAS, a través del cual "de manera arbitraria el Gobierno hace lo que quiere". Añadió a ABI que no tiene ningún temor de que la Fiscalía General del Estado investigue sus cuentas financieras por el caso Lava Jato-Odebrecht.

La presidenta de la comisión que realizó la investigación, la también oficialista Susana Rivero, y otros diputados del MAS cargaron en sus intervenciones especialmente contra Mesa.

Rivero denunció que en el caso de investigados como Mesa existen movimientos "inusuales y sospechosos" en sus cuentas bancarias, además de coincidencias en "fechas y lugares" de viajes con supuestos involucrados en estos casos.

La diputada advirtió de prácticas sospechosas entre las que citó la adjudicación de obras en carreteras a empresas brasileñas como Camargo Correa pese a presentar problemas en su licencia en Bolivia, incumplir requisitos de adjudicación e incurrir en sobreprecios.

Rechazo

Las fuerzas de oposición no aprobaron el informe, al considerar que se debió investigar también la gestión del presidente Evo Morales.