Caso Alexander: dos jueces menos
Acciones. Sin embargo, resta mucho por hacer ya que existen otras personas que intervinieron en el caso e incurrieron en delitos que ningún administrador de justicia debe cometer.<BR>
14 de noviembre de 2018 (20:20 h.)
A casi dos meses de la destitución de la jueza Patricia Pacajes, quien en un audio reveló que el Tribunal Décimo de Sentencia de La Paz condenó a 20 años de prisión al médico Jhiery Fernández, pese a que era inocente, el Consejo de la Magistratura ordenó ayer el alejamiento de otros dos jueces.
Roberto Mérida, Gladys Guerrero y Patricia Pacajes fueron las autoridades judiciales que dictaron la sentencia contra el galeno, acusado por una supuesta violación y posterior muerte del bebé Alexander, hecho que ocurrió en noviembre de 2014.
La decisión del Consejo de la Magistratura era de esperarse, aunque el consejero Omar Michel aseguró que la determinación de agradecer los servicios de Mérida y Guerrero no obedece precisamente a las varias irregularidades que se detectaron en la auditoría realiza al proceso.
“Por unanimidad, los tres consejeros de la Magistratura hemos decidido que se agradezca los servicios a los dos jueces Mérida y Guerrero. Esto es en el marco de la transitoriedad... por si acaso no es por efecto de la auditoría o por otras situaciones”, aclaró el decano Michel.
La semana pasada se conocieron los resultados de la auditoría jurídica al caso Alexander, en la cual se constató que los jueces cometieron varias faltas a su reglamento e incluso tienen indicios de responsabilidad penal, según la agencia Erbol.
Asimismo, dicha auditoría halló responsabilidad en otros funcionarios judiciales que intervinieron en el polémico caso.
“Existen realmente indicios de responsabilidad administrativa, disciplinaria e indicios de responsabilidad penal. El Consejo de la Magistratura presentará estos informes como una denuncia ante los juzgados disciplinarios y el Ministerio Público”, dijo el pasado 1 de noviembre el presidente del Consejo de la Magistratura, Gonzalo Alcón.
La destitución de los jueces Mérida y Guerrero es una muestra de que las autoridades judiciales buscan enmendar el grave error que cometieron algunos malos funcionarios durante el largo y penoso proceso al que fue sometido el médico Fernández.
Sin embargo, resta mucho por hacer ya que existen otras personas que intervinieron en el caso e incurrieron en delitos que ningún administrador de justicia debe cometer.
Las actuales autoridades aparentemente pretenden dar señales de cambio, lo cual es destacable.
Según la auditoría realizada al caso, existen muchas evidencias de que el proceso que encaró Fernández estuvo lleno de errores e injusticias, que desde los jueces hasta presuntamente auxiliares judiciales los cometieron.
El siguiente paso es que el Tribunal Décimo de Sentencia dictamine la libertad pura y simple que el galeno Fernández solicitó a través de un memorial para la modificación de las medidas cautelares.
La decisión será conocida este viernes cuando se realice la audiencia solicitada.
El abogado de Fernández, Cristian Alanes, dijo que presentó la auditoría realizada por el Consejo de la Magistratura y el informe del Defensor del Pueblo, los mismos que establecen irregularidades en el proceso, además de esconder pruebas relevantes que demostraban la inocencia de su cliente.
En ese marco, los nuevos jueces del Tribunal Décimo de Sentencia deberán valorar bien toda la documentación presentada para dejar sin efecto la detención domiciliaria de Fernández y otorgarle la libertad pura y simple que exige.
Mientras eso ocurre, las autoridades deben seguir investigando las responsabilidades que tuvieron otros funcionarios en el polémico proceso y, si es necesario, sancionar con la máxima pena que es la prisión.
Así como este caso, otros también deben ser investigados. Solo así, se podrá decir que la justicia boliviana comienza a cambiar.
Roberto Mérida, Gladys Guerrero y Patricia Pacajes fueron las autoridades judiciales que dictaron la sentencia contra el galeno, acusado por una supuesta violación y posterior muerte del bebé Alexander, hecho que ocurrió en noviembre de 2014.
La decisión del Consejo de la Magistratura era de esperarse, aunque el consejero Omar Michel aseguró que la determinación de agradecer los servicios de Mérida y Guerrero no obedece precisamente a las varias irregularidades que se detectaron en la auditoría realiza al proceso.
“Por unanimidad, los tres consejeros de la Magistratura hemos decidido que se agradezca los servicios a los dos jueces Mérida y Guerrero. Esto es en el marco de la transitoriedad... por si acaso no es por efecto de la auditoría o por otras situaciones”, aclaró el decano Michel.
La semana pasada se conocieron los resultados de la auditoría jurídica al caso Alexander, en la cual se constató que los jueces cometieron varias faltas a su reglamento e incluso tienen indicios de responsabilidad penal, según la agencia Erbol.
Asimismo, dicha auditoría halló responsabilidad en otros funcionarios judiciales que intervinieron en el polémico caso.
“Existen realmente indicios de responsabilidad administrativa, disciplinaria e indicios de responsabilidad penal. El Consejo de la Magistratura presentará estos informes como una denuncia ante los juzgados disciplinarios y el Ministerio Público”, dijo el pasado 1 de noviembre el presidente del Consejo de la Magistratura, Gonzalo Alcón.
La destitución de los jueces Mérida y Guerrero es una muestra de que las autoridades judiciales buscan enmendar el grave error que cometieron algunos malos funcionarios durante el largo y penoso proceso al que fue sometido el médico Fernández.
Sin embargo, resta mucho por hacer ya que existen otras personas que intervinieron en el caso e incurrieron en delitos que ningún administrador de justicia debe cometer.
Las actuales autoridades aparentemente pretenden dar señales de cambio, lo cual es destacable.
Según la auditoría realizada al caso, existen muchas evidencias de que el proceso que encaró Fernández estuvo lleno de errores e injusticias, que desde los jueces hasta presuntamente auxiliares judiciales los cometieron.
El siguiente paso es que el Tribunal Décimo de Sentencia dictamine la libertad pura y simple que el galeno Fernández solicitó a través de un memorial para la modificación de las medidas cautelares.
La decisión será conocida este viernes cuando se realice la audiencia solicitada.
El abogado de Fernández, Cristian Alanes, dijo que presentó la auditoría realizada por el Consejo de la Magistratura y el informe del Defensor del Pueblo, los mismos que establecen irregularidades en el proceso, además de esconder pruebas relevantes que demostraban la inocencia de su cliente.
En ese marco, los nuevos jueces del Tribunal Décimo de Sentencia deberán valorar bien toda la documentación presentada para dejar sin efecto la detención domiciliaria de Fernández y otorgarle la libertad pura y simple que exige.
Mientras eso ocurre, las autoridades deben seguir investigando las responsabilidades que tuvieron otros funcionarios en el polémico proceso y, si es necesario, sancionar con la máxima pena que es la prisión.
Así como este caso, otros también deben ser investigados. Solo así, se podrá decir que la justicia boliviana comienza a cambiar.