El informe que la Comisión Mixta presentó al pleno de la Asamblea Legislativa sobre el caso Lava Jato en Bolivia sospecha que un exministro y dos exgerentes fueron los que recibieron sobornos directos de parte de empresas brasileñas dentro del caso lava Jato para la adjudicación de construcción de carreteras en el país.Además, detalla una serie de presuntas irregularidades en el proceso de contratación, como que "los financiamientos brasileños eran condicionados", o que la modalidad de contratación "llave en mano", fue incorporada en el ordenamiento jurídico con el decreto supremo 27328 del 31 de enero de 2003, en la gestión de Mesa.