Nació hace 33 años, era 29 de agosto, y presuntamente cayó abatido por el gobierno de Evo Morales el 1 de mayo de 2011.

Su llegada al mundo estuvo anticipada por una hiperinflación acumulada –herencia de las dictaduras– que rondó el 24.000 por ciento tras la recuperación de la democracia en 1982 y también había sido anunciada por el vencedor de las adelantadas elecciones de 1985, Víctor Paz Estenssoro, del Movimiento Nacionalista Revolucionario, quien durante su campaña proselitista dijo que gobernaría “para que el cambio sea total”. Y, sin duda, lo fue.

A solo tres semanas de su instalación, el nuevo Presidente afirmó que “la nación ha llegado a su cita con la verdad” y promulgó el Decreto Supremo 21060 que instauró un nuevo orden reorganizador de las relaciones entre Estado, economía y sociedad, liberalizó los precios, los salarios, el mercado de trabajo, las exportaciones e importaciones y restableció la estabilidad monetaria.

El 21060 tuvo como objetivo central reemplazar al Estado por el mercado en la regulación de la economía, fue calificado como eje de una “Nueva Política Económica” por el entonces canciller Guillermo Bedregal (...).

Más conocido como “neoliberalismo”, este programa aplicado en países considerados en crisis, particularmente los latinoamericanos, fue sistematizado en 1989 en el denominado “Consenso de Washington”, que resumió las reglas básicas para la estabilidad y el crecimiento económicos: reducción del déficit fiscal, eliminación de subsidios, incentivos a la inversión privada y extranjera, privatización de empresas estatales y garantías para la gran propiedad, por ejemplo.

Declarado enemigo central por el discurso antiimperialista del Gobierno “socialista” de Morales, el “neoliberalismo” fue amenazado de muerte en Bolivia desde 2006. Cinco años más tarde, con gran despliegue propagandístico, fue aprobado el Decreto Supremo 861, que presumió de haber terminado con la vida del 21060.

Más que una norma, ese decreto parece ser un comunicado político –remítase el lector a los 14 “considerandos” que contiene– cuya retórica termina de diluirse cuando se llega al meollo de su principal artículo que “determina la eliminación completa de toda disposición o consideración legal fundamentada en el Decreto Supremo Nº 21060, de 29 de agosto de 1985”.

Como se ve, el decreto encargado de ejecutar la pena capital contra el “neoliberalismo” no abrogó el 21060 y ni siquiera lo afectó parcialmente, esto es, que tampoco derogó alguna de sus partes. Lo que dispone, simplemente, es la “eliminación”, o sea el “borrado”, de cualquier otra norma que esté basada en el decreto de 1985. O sea, se decidió suprimir a la prole, pero garantizando implícitamente la seguridad y salud del padre.

Quizá por ello el supuesto “deceso” del “neoliberalismo” no fue sino otro pase de magia de la propaganda oficial. La vigencia de la criticada reforma tributaria de 1986 (véase la “Guía de Importación del Estado Plurinacional de Bolivia”) y del mecanismo financiero de la paridad cambiaria, el espíritu del “gasolinazo” (2010), las leyes de promoción de inversiones (2014) y de minería (2016), la decisión de ampliar la frontera agrícola (véase la “Agenda Patriótica 2025) o el acuerdo de liberación de exportaciones con la agroindustria y la ganadería (2017), entre otras, son evidencias de la pervivencia neoliberal en la actual política económica.