El diputado opositor, Amilcar Barral, exhibió varios documentos para denunciar que se suspendieron las sanciones impuestas en contra de algunos exejecutivos del Banco Unión, que fueron acusados de no realizar controles adecuados en la entidad bancaria para evitar el desfalco millonario cometido por Juan Franz Pari.
"El Viceministro de Pensiones y Servicios Financieros, en ejercicio de las atribuciones contenidas por el ordenamiento legal vigente, resuelve suspender la sanción impuesta al señor Diego Alejandro Pérez Cueto Eulert, en su condición de expresidente del directorio del Banco Unión S.A., por el artículo único de la Resolución Administrativa ASFI/1410/2017 de 4 de diciembre de 2017, en tanto se agote la vía administrativa", refiere uno de los documentos expuestos por el diputado Barral.
En septiembre de 2017, autoridades del Banco Unión informaron que Pari había desfalcado en distintas ocasiones a la entidad bancaria burlando todos los sistemas de control.
En diciembre de ese año, la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI) sancionó con la inhabilitación definitiva para trabajar en el sistema financiero a Diego Alejandro Pérez (expresidente del directorio del Banco Unión), Marcia Villarroel (exgerente general del Banco Unión) y a otros exfuncionarios de la entidad porque presuntamente no cumplieron con sus funciones de realizar un control eficiente en el movimiento de los recursos del banco.
Ahora Pérez y Villarroel fueron beneficiados con la suspensión de la sanción, situación que les permitirá acceder nuevamente a una fuente laboral en el sistema financiero.
Según los documentos presentados por el diputado, para beneficiarse con esta medida, Pérez argumentó que con la sanción se vulneraba su derecho a la presunción de inocencia y también se afectaba a su familia.
Asimismo, fueron suspendidas las sanciones de los exgerentes nacionales: José Luis Quiroz (Operaciones), Eric Crespo (Gestión de Riegos) y José Luis Chávez (Auditoría Interna).
Mientras que las peticiones de suspensión planteadas por el exsíndico Javier Fernández, exdirector Eduardo Pardo y exvicepresidenta del Directorio Gabriela Mendoza están en etapa de recurso jerárquico.
El diputado Barral observó la emisión de estas suspensiones y anunció que pedirá un informe al Ministerio de Economía para que digan los argumentos bajo los cuales definieron los dictámenes.