Cochabamba, sábado 17 de noviembre de 2018
Injusticia en Bolivia

Reynaldo sigue esperando indemnización tras ir a la cárcel siendo inocente

Los derechos humanos de un hombre fueron vulnerados por el sistema judicial, que lo condenó a 30 años de prisión por un crimen ajeno.
| | 04 nov 2018 | Ed. Imp.

REYNALDO RAMÍREZ LLORA DURANTE UNA ENTREVISTA CON ESTE DIARIO. ARCHIVO





Han pasado tres años y seis meses desde que el quillacolleño Reynaldo Ramírez Vale fue aprehendido, imputado, acusado y sentenciado en juicio a 30 años de cárcel por un feminicidio que nunca cometió. El país se conmocionó al saber que un inocente había pasado dos años y medio en la cárcel, pese a la existencia de pruebas que lo liberaban de toda culpa, pero que fueron ignoradas por fiscales y jueces en Santa Cruz.

Las cámaras y micrófonos se volcaron en pos de Reynaldo. Las autoridades de Gobierno se pronunciaron y dijeron que Reynaldo Ramírez debía ser indeminizado por el daño que el sistema de justicia boliviano le causó.

Sin embargo, hasta la fecha no recibió ni un centavo. Sus cartas ni siquiera son respondidas por el Gobierno. La última es del 1 de octubre de 2018 y, en la parte superior, lleva el rótulo, en rojo de “Muy urgente”.

Está dirigida al presidente de Bolivia, Evo Morales Ayma, y al ministro de Justicia, Héctor Arce Zaconeta. En la misiva, la referencia dice: “En calidad de víctima del sistema de justicia de Bolivia, solicita al Estado el pago de una indeminización por la grave violación de derechos humanos”. Pero, no hay ninguna respuesta.

El calvario de Reynaldo Ramírez empezó a gestarse, sin él saberlo, a las 9:45 horas del 25 de noviembre de 2014, cuando Moisés Bascopé Zambrana asesinó y quemó a su concubina Verónica Menacho Chilo, en la intersección de la avenida Quinto Anillo, entre Valle Grande y Mariscal Santa Cruz, de la ciudad de Santa Cruz. Los vecinos llamaron a la Policía que levantó el cadáver de la mujer, pero no pudo capturar al autor.

Reynaldo Ramírez ni siquiera conoció a Verónica Menacho. Él vivía en Cochabamba, pero fue contratado para ejecutar un trabajo en la termoeléctrica de Warnes, en Santa Cruz, y el 24 de noviembre, un día antes del feminicidio, sufrió un accidente de tránsito en motocicleta mientras se dirigía de Warnes a Satélite Norte.

La moto fue llevada a Tránsito, y Reynaldo fue internado en el hospital de Warnes, donde fue atendido hasta las seis de la madrugada del 25 de noviembre, cuando los médicos le dieron de alta.

A las 8:30 de la mañana, Reynaldo fue hasta su fuente laboral para pedir que le ayuden a cubrir los gastos médicos y negociar su retiro con su jefe. Estuvo allí toda la mañana, mientras se consumaba el feminicidio. El 26 de noviembre retornó a Cochabamba, y tras unas semanas se fue a Chile por un trabajo eventual que le ofertaron.

Mientras tanto, la Policía y la Fiscalía investigaban el feminicidio de Verónica. Un efectivo simuló ser una mujer para pedirle amistad a Reynaldo en el Facebook y lo invitó a salir. Acordaron verse en la terminal de buses, pero la mujer nunca llegó.

En su lugar, varios policías vestidos de civil lo aprehendieron y le condujeron hasta la fuerza anticrimen sin exhibir ninguna orden, ni permitirle llamar a un abogado. Reynaldo fue torturado. Le fracturaron una parte de la dentadura, y le amenazaron con arrojarle de un puente si no confesaba el feminicidio de Verónica Menacho, pero él siempre aseguró su inocencia.

Reynaldo fue trasladado a la ciudad oriental, donde permaneció encerrado, sin alimentos, sin acceso al baño, ni a poder comunicarse. Lo sometieron a un desfile identificativo, y la Fiscalía lo imputó por feminicidio, pese a la inexistencia de indicios. Un juez cautelar, sin controlar los actos de la Fiscalía, lo envió con detención preventiva a Palmasola, al sector de Chonchocorito, donde sufrió lo indecible.

Durante la investigación se presentaron varias pruebas de que era imposible que Reynaldo Ramírez hubiera cometido el feminicidio, entre ellas, un dictamen pericial de antropología facial forense que establecía que el rostro de Reynaldo era muy diferente de las características físicas del feminicida, captadas por una cámara; un dictamen pericial del cotejo de extracto de llamadas entre Verónica Menacho y Reynaldo, en el que se evidenciaba que jamás hubo contacto entre ellos; además del testimonio del ingeniero que contrató a Ramírez y que aseguró que, a la hora del feminicidio, el sindicado estaba en Warnes con él, tras el accidente sufrido y que fue probado con informes de Tránsito.

Pese a todas estas evidencias, la Fiscalía lo acusó formalmente del feminicidio. Tras suspender varias audiencias de juicio, los jueces del Tribunal de Sentencia 12 escucharon al perito en Antropología Facial Cristian Sánchez asegurar que el autor del crimen no podía ser Reynaldo Ramírez porque le habían tomado 60 fotografías y, al compararlas con las imágenes captadas por una cámara, del feminicida escapando luego de causar la explosión que mató a Verónica, además de las de un video en el que la víctima aparece con su concubino, se estableció que no habían similitudes físicas.

El perito le había presentado dos informes, con esos resultados, al fiscal Marcelo Delgadillo, en 2015. En 2017 defendió el mismo dictamen, en el juicio oral, ante los jueces Mary Janeth Mojica y Luis Alberto Paz Casupa.

Sin embargo, debido a un “orden de codificación” que no fue respetado, todas las pruebas de la inocencia de Ramírez fueron excluidas durante el juicio y, el 31 de mayo de 2017, el acusado fue condenado a 30 años de cárcel, sin derecho a indulto.

Más tarde, los jueces Mojica y Paz alegaron que no vieron las cinco pruebas que liberaban de culpa a Reynaldo. La defensa desmintió ese argumento y sostuvo que las evidencias fueron presentadas, y que el perito del Instituto de Investigación Técnico Científico de la Universidad Policial (IITCUP) les alertó varias veces de la injusticia que iban a cometer, pero no las valoraron.

Datos

25

de noviembre de 2014 es la fecha en la que Moisés Bascopé, el concubino de Verónica Menacho, provocó una explosión que la mató, y fue captado por una cámara escapando del cuarto en el que perpetró el crimen, en Santa Cruz.

11 

de mayo de2015 es la fecha en la que Reynaldo Ramírez fue capturado en Cochabamba por un leve parecido con el autor, en una foto publicada en su muro de Facebook.

La familia halló al feminicida

Fueron Gabriela y Edwin, los hermanos mayores de Reynaldo, quienes decidieron convertirse en detectives para hallar al verdadero feminicida de Verónica Menacho. Oyeron que se veía al concubino en el video de un colegio de El Torno. Gabriela viajó a Santa Cruz y tocó puerta por puerta hasta lograr una copia de las imágenes.

Constataron que no era Reynaldo, pero nadie sabía cómo se llamaba aquel hombre que aparecía al lado de la víctima.

Edwin publicó en su muro de Facebook una captura de la imagen del verdadero feminicida y pidió ayuda para reconocer a ese hombre que estaba impune. La imagen se viralizó y un señor que conocía a Moisés Bascopé Zambrana lo identificó, les dio sus datos y les reveló que vivía en Entre Ríos. Gabriela averiguó que Moisés apareció en el Trópico el 25 de noviembre de 2014 con quemaduras en manos y pies. Gabriela buscó al capitán Cristian Sánchez, que sabía de la inocencia de su hermano, y él montó un operativo para detenerlo. En el trayecto a Santa Cruz, Bascopé confesó el feminicidio.

Ramírez pide la reparación tras 26 meses “secuestrado” por la justicia

La noticia de que el verdadero feminicida de Verónica había confesado su crimen posibilitó la liberación de Reynaldo. El 7 de julio de 2017 llegó a su casa, en la zona sur de Cochabamba, donde lo recibieron con una fiesta. Había dejado de ser el desalmado feminicida que quemó a una mujer en Santa Cruz y se convirtió en el símbolo de lo que la mala administración de justicia puede hacerle a un ser humano.

Sin embargo, Reynaldo lloró desconsoladamente cuando entró al cuarto de su hermano mayor, Delfín, aquel que murió de cáncer mientras él estaba preso. “No siento paz. Tengo mucho dolor porque no me pude despedir de él y ya no puedo volver el tiempo atrás. Me robaron eso. Igual que me robaron dos años y dos meses de mi vida, de mi trabajo. ¿Cómo recupero eso?”, preguntó el 7 de julio. Hoy, 16 meses depués de salir libre, aún no ha hallado las respuestas.

La familia de Reynaldo está endeudada. Su madre trabajó como vendedora ambulante y sus hermanos se prestaron dinero para sostener al menor en la cárcel, donde se paga hasta por seguir vivo.

Los jueces que lo condenaron injustamente, Mary Janeth Mojica y Luis Paz Casupá, fueron destituidos y son procesados penalmente, junto al fiscal que lo acusó, Marcelo Delgadillo. El Consejo de la Magistratura anunció una auditoría jurídica del caso, para establecer las responsabilidades de los jueces.

En enero de 2018, el proceso penal contra el fiscal y los jueces que los sentenciaron no avanzaba. Las audiencias se suspenderon varias veces y con diversas excusas. Todavía no hay frutos. Una vez más, Reynaldo Ramírez confesó que está decepcionado de la justicia en Bolivia, porque las autoridades judiciales cierran filas para proteger a sus excolegas.

Además, tras salir de Palmasola, el Ministerio de Justicia le ofreció trabajo en una oficina en la debía orientar a los litigantes, pero a los seis meses quedó desocupado. Todo este tiempo, Ramírez ha estado rogando por hablar con el presidente Evo Morales, pero ninguna de sus cartas ha sido respondida. “Igual que los jueces y el fiscal, no me escuchan”, lamentó.

Decepción

A Reynaldo le prometieron trabajo y resarcimiento de los daños, pero el empleo duró seis meses y la reparación no llega. Está decepcionado.

¿Quién debe resarcir daños? El Estado, dice CPE

La poca claridad de las normas bolivianas, respecto a la reparación de daños, ha dado lugar a que el Viceministerio de Justicia “se lave las manos” al aconsejar a Reynaldo Ramírez, en enero de 2018, que él debía iniciar una acción civil en contra de los jueces y el fiscal que lo condenaron injustamente, para que ellos le indemnicen por todo lo perdido. Sin embargo, José Luis Zelada, el abogado de la víctima, asegura que es el Estado el que debe resarcir los daños materiales e inmateriales sufridos por Ramírez.

El defensor explicó que existen varios artículos que se refieren a este tema. “El Código Penal dice que, si una persona resultara indebidamente procesada, o condenada por negligencia, por dolo, o por deficiencia de los operadores de justicia, debe ser indemnizada por quienes han incurrido en esa negligencia. Este artículo da a entender que es el Tribunal, los propios jueces y fiscales, quienes incurrieron en el error judicial, los que deben ressarcir a las víctimas”. En esta normativa se respaldó el Viceministerio de Justicia para recomendar a Reynaldo Ramírez que espere la conclusión del proceso penal en contra de los dos jueces y el fiscal, para iniciar una acción civil, por los delitos que cometieron en su contra.

Otra disposición, en el Código de Procedimiento Penal, se refiere a la indemnización en caso de que una persona haya sido declarada inocente, después de haberse efectuado la revisión extraordinaria de una sentencia, y tras agotar todos los recursos que franquea la ley. Esto sucede cuando aparecen nuevos testigos o pruebas que pueden cambiar el fallo, y se tramita ante la Corte Suprema de Justicia. No se aplica al caso de Reynaldo porque él no solicitó una revisión extraordinaria.

El abogado José Luis Zelada recordó que tanto el Código Penal como el Código de Procedimiento Penal son normas que datan de la década de los años 90 y que no se enmarcan al espíritu de la Constitución Política del Estado (CPE), que fue aprobada en 2009 y que, jurídicamente hablando, es el nuevo marco en el que se organiza el Estado, y sobre el se deben construir las normas inferiores, para que tengan una correcta aplicabilidad.

“Las leyes del bloque internacional dicen que toda persona que sufra la violación de sus derechos debe ser indemnizada. El caso de Reynaldo Ramírez es uno de violación de derechos. Desde su detención, todo ha sido ilegal y por ello buscamos la aplicación del resarcimiento de daños por violación de derechos humanos”, adelantó.

Si bien el error judicial es atribuible a los jueces y al fiscal, el sistema de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), a través de sus fallos, las cartas y tratados internacionales, “nos dice que esos jueces y fiscales son parte de un aparato público judicial y, a nivel internacional, existe un principio de responsabilidad.

Cuando un estado suscribe un tratado de derechos asume dos responsabilidades, una frente a la comunidad internacional, y otra con los ciudadanos de su país, de respetar y garantizar el respeto a esos derechos. Por tanto, si uno de los órganos del Estado, en el ejercicio de su autoridad pública, viola los derechos humanos, es el Estado el que debe indemnizar a las víctimas. “Los jueces y fiscales no actúan en calidad de personas particulares, sino como funcionarios públicos, no corresponde atribuirles una responsabilidad personal”, sostuvo el abogado.

Obligar a Reynaldo Ramírez a esperar la conclusión del proceso penal en contra de jueces y fiscales, para recién iniciar una acción civil, “significa postergar por años la respuesta justa para una persona que ha sufrido la frustración de su proyecto de vida, y que además ha sido víctima de torturas y vejámenes; es decirle que busque justicia por sus propios medios, cuando es el Estado el que debe garantizarle el ejercicio de sus derechos”, sostuvo Zelada.

REYNALDO AL SALIR DE LA CÁRCEL DE PALMASOLA.  ARCHIVO





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