La detención preventiva ordenada el miércoles contra la exjueza Patricia Pacajes por revelar detalles del caso de violación y muerte del bebé Alexander, cuando este había sido declarado en reserva, debe ser el inicio para sancionar a todas las autoridades judiciales que intervinieron en este proceso y por el que un médico aparentemente inocente fue sentenciado a 20 años de prisión.

La exadministradora de justicia fue enviada al Centro de Orientación Femenina de Obrajes, en La Paz, luego de que fue sometida a una audiencia de medidas cautelares, que duró más de tres horas.

Hay que recordar que el 7 de septiembre dos medios de comunicación revelaron un audio en el que se escucha a Pacajes contar detalles de cómo las autoridades judiciales manejaron el caso del pequeño que murió en noviembre de 2014. Además, relató que el principal acusado, el médico Jhiery Fernández, fue condenado sin las pruebas suficientes, por lo que dijo que era inocente.

Tras el encarcelamiento de la exautoridad, el jueves se conoció que el Consejo de la Magistratura alista denuncias administrativas y penales contra los otros funcionarios judiciales que intervinieron en el caso, ya que una auditoría legal realizada recientemente halló omisiones, incumplimientos y otras irregularidades.

“Existen realmente indicios de responsabilidad administrativa, disciplinaria e indicios de responsabilidad penal. Estos informes, el Consejo de la Magistratura lo que va a hacer es presentarlos como una denuncia ante los juzgados disciplinarios como al Ministerio Público”, dijo el presidente de esta instancia judicial, Gonzalo Alarcón.

Las declaraciones de Alarcón deben traducirse, en el corto tiempo, en la presentación de las denuncias respectivas y ante las instancias que correspondan para que los funcionarios que fueron identificados sean cuando antes procesados.

Las acciones deben ser casi inmediatas para evitar que aquellos que cometieron delitos penales, además de disciplinarios, se den a la fuga.

La auditoría legal que se realizó al caso Alexander, según Alarcón, no solo identificó a miembros del cuestionado Tribunal Décimo de Sentencia de La Paz que condenó al galeno Fernández, sino también a funcionarios de otros juzgados que conocieron el hecho en su etapa preliminar.

Este es un caso por demás delicado, por lo que las autoridades deben actuar con prontitud. Si bien es cierto que el Ministerio Público, a través de la instancia disciplinaria, ya abrió procesos administrativos contra los fiscales Edwin Blanco y Susana Boyan, estos deben ir más allá.

La Justicia tiene en sus manos la oportunidad de demostrar a los bolivianos que no es “chueca” ni corrupta como parece y como muchos la tildan.

Aún está a tiempo de corregir los graves errores que algunos malos funcionarios cometieron en el caso Alexander. Asimismo, de resarcir los daños que ocasionaron en contra del médico Fernández, si se ratifica su inocencia.

Por ahora existen serios indicios, además del audio de la exjueza Pacajes, de que Fernández fue condenado a prisión siendo inocente, por lo que tuvo que pasar casi cuatro años en la cárcel de San Pedro.

Este polémico caso también debe servir para que las autoridades investiguen otros procesos en los que existen dudas sobre las sentencias que se dictaminaron.

Ningún operador de justicia que ha obrado de mala fe debe quedar libre de sanción. Se supone que ellos deben actuar transparentemente y de acuerdo a las leyes del país, no según sus conveniencias y muchos menos por presiones de cualquier otra instancia gubernamental o de particulares.

Si el Órgano Judicial quiere dar señales de cambio, sus autoridades están obligadas a sancionar. No pueden darse el lujo de perder más tiempo.