Tras un año y ocho meses, el fiscal departamental de Cochabamba, Óscar Vera, se apresta a dejar el cargo. Afirma que se va convencido de haber cumplido un buen trabajo aplicando el nuevo modelo de gestión fiscal, de haber descongestionado la carga investigativa y fortalecido la investigación forense. Asegura que actuó de manera equilibrada y sin que pese el hecho de que el acusado sea opositor u oficialista.

Vera fue sometido este año a dos procesos: uno disciplinario y otro penal, por haber, presuntamente, presionado a tres fiscales para que favorezcan al exalcalde Edwin Castellanos en la investigación del puente caído, en la avenida Independencia de Cochabamba.

En abril de este año, el diputado de Unidad Demócrata (UD) Gonzalo Barrientos presentó un audio en el que se escucha a Vera referirse a la investigación del puente. “Presionó a tres fiscales que investigan el caso para que desistan de presentar una acusación contra los imputados, entre ellos el exalcalde Edwin Castellanos, del MAS. En cambio, les pide que presenten una ampliación, con el fin de alargar el plazo y que el caso se extinga”, decía la denuncia.

En la grabación se escuchan las voces de los fiscales anticorrupción Sandra Mamani, Gustavo Ardaya y Juan Pablo Guzmán, exponiendo los motivos para continuar con la acusación contra Castellanos y otros por las consecuencias legales que tendría paralizar una investigación por un daño económico de 11 millones de bolivianos.

Pese a Vera, los tres fiscales presentaron la acusación formal. Sin embargo, fueron reemplazados por otros tres fiscales que sí presentaron la ampliación, escuchando el pedido de Vera.

El Ministerio Público abrió proceso disciplinario y asambleístas, un juicio penal.

En ambos procesos, disciplinario y penal, salió sin sanciones. Hoy, Vera dice que hizo lo correcto, que no presionó y “solo dio lineamientos a los fiscales, como lo hago con otros casos”. Asegura que no cometió ningún ilícito.

LO POSITIVO Evalúa como positivo de su gestión el haber ahondado el nuevo modelo de gestión implementado por el fiscal Ramiro Guerrero (ahora exfiscal al haber jurado Juan Lanchipa en el cargo y anunció cambios en los nueve distritos del país).

Dice haber descongestionado la carga investigativa procesal y que dejará a su sucesor con “carga jerárquica cero” (resoluciones de rechazo o sobreseimientos). “También hemos trabajado en el Instituto de la Desestimación, lo que ha permitido que se filtren casos que ingresan al sistema procesal penal”.

“Se ha consolidado el Instituto de Investigación Forense (IDIF), en el que se hizo inversiones cuantiosas en equipamiento”.

Se refiere a la capacitación del personal a través de la Escuela de Fiscales. “Existen peritos en criminalística, balística y grafotecnia”. Hay 85 fiscales, de ellos, 16 son institucionalizados.

NEGATIVO Respecto a lo negativo de su gestión, aseguró que le faltó “tiempo para trabajar en una mejor infraestructura. Tenemos el IDIF, pero nos falta dar mejores condiciones a fiscalías corporativas en las EPI norte y sur”.

CASOS Señala que los casos más complicados son los que tuvieron que ver con hechos de violencia hacia mujeres y niños. “Hay 22 feminicidios y 10 infanticidios”.

También se refiere a hechos de corrupción en alcaldías como: Independencia, donde se perdieron cheques. Luego el municipio de Cercado, con varios procesos investigativos. Lo mismo ha sucedido en Quillacollo”.

Consultado sobre si sintió presión del Gobierno, Vera responde: “No vemos estos casos como tener al frente una persona sindicada de opositor, sino sindicada de la comisión de un hecho delictivo. En el Ministerio Público todos los casos fueron manejados con objetividad y legalidad. En ningún hecho se favoreció a unos o perjudicado a otros”.

PUENTE CAÍDO Sobre la investigación del puente colapsado de la avenida Independencia, Vera señaló que se ha presentado acusación ante la autoridad competente y la jurisdiccional. “Estamos a la espera del señalamiento del juicio oral”.

Es un caso de corrupción enmarcado dentro de los parámetros de la Ley 004. Aseguró que no debe existir el temor de que se extinga el caso por duración máxima del proceso, que dice que ningún proceso debe durar sin juicio más de tres años.

El puente se cayó hace tres años; sin embargo Vera dijo que “en delitos de corrupción no existen plazos que se venzan”.

Finalmente, el exalcalde Edwin Castellanos ((MAS) fue acusado por incumplimiento de deberes. La acusación fue presentada por los tres fiscales a los que Vera “sugería” que amplíen la investigación a otras personas, lo que iba a conducir a más plazos.

Respecto a los procesos que se abrieron en su contra por el audio dijo: “Algunas personas presentaron unos audios que involucraban a mi persona. Inmediatamente el señor Fiscal del Estado ordenó una investigación interna por la que fui sometido a un proceso disciplinario. Además, se presentó una denuncia en sede penal por parte de algunos asambleístas, sin embargo, en los dos casos fui liberado. En lo disciplinario, se ha determinado la no responsabilidad mía y en sede penal se ha rechazado la denuncia toda vez que se ha demostrado que lo único que hizo a mi persona es ejercer las funciones de Fiscal Departamental en cuanto a dar criterios sobre cómo debería actuarse en determinado hecho o en todos los casos”.

P. ¿Es decir, usted hizo lo correcto al llamar a los fiscales?”.

R. Lo que necesitaba era cerrar todos los delitos por los cuales las personas estaban investigadas. En esa dinámica se tuvo una reunión con los fiscales asignados al caso manifestándoles cuáles eran las preocupaciones de que se deje algunos delitos.

P. Si no se ha hallado responsabilidad en contra suya, ¿por qué no asumió usted alguna acción contra las personas que grabaron y difundieron el audio?.

R. Humm… no he tenido ni siquiera el tiempo para pensar ello. No, no lo he hecho y no es que vaya a tomar ninguna acción más adelante.

Siempre doy los lineamientos correspondientes porque me considero una persona involucrada en el trabajo fiscal. He sido fiscal de materia, conozco de cerca el trabajo y estoy revisando jurisprudencia. En esa dinámica me reúno y me sigo reuniendo con todas y cada una de las corporativas (fiscalías) dando criterios para que actúen.

P. En ese caso, el lineamiento que dio, no fue escuchado. Los fiscales de todas formas presentaron acusación.

R. Sí. Se presentó la acusación, entonces dónde habría estado lo ilícito, ¿no es cierto? No hubo ilicitud, y el daño no se ha manifestado.

Sin embargo y de acuerdo a los hechos recogidos por la prensa, Vera formó otro equipo de fiscales que presentó la ampliación de investigación a más personas, sin contar que los tres fiscales a los que se dirigió en el audio se adelantaron y entregaron la acusación. La justicia aceptó el recurso que llegó primero y procedió con la acusación.

1.232

Casos resueltos

Este año se resolvieron 1.232 casos, todos corresponden a la gestión 2018.

El fiscal Vera, dijo que si le llega una oferta laboral del Gobierno “la pensaría”.

Molina habla sobre puente

La concejala Rocío Molina (MAS) exige a la alcaldesa Karen Suárez que reconstruya la plataforma del puente colapsado sobre las avenidas Independencia y 6 de Agosto.

Asegura que no existe impedimento legal “y el no hacerlo podría generarle proceso por incumplimiento de deberes”.

“El municipio ha utilizado este episodio como una bandera política. Me refiero a que ha sido liberado por el Ministerio Público y hay posibilidad de rehabilitarlo desde abril de 2016. Sin embargo hasta ahora la Municipalidad no ha hecho absolutamente nada vulnerando la Ley de Municipalidades, la 482, artículo 31”, manifestó Molina.

Son más de 11 millones de bolivianos que se han invertido y obviamente debe ser sujeto de reparaciones y a mi criterio la Alcaldía debería ser la que pague la refacción, complementó la concejala.