El fiscal departamental, Oscar Vera, informó el jueves que el Ministerio Público admitió la denuncia penal planteada por el viceministro de Transparencia Institucional, Diego Jiménez, contra el alcalde de Cochabamba, José María Leyes, su hermana, Claudia Leyes, y tres funcionarios ediles, por el manejo de una red de corrupción municipal, creada para la adjudicación ilícita de contrataciones.
"Esta denuncia ha sido admitida y está transcurriendo también sus plazos procesales", informó a los periodistas.
Explicó que ese caso quedó en manos de los miembros de una fiscalía corporativa, como parte de los preparativos para la fase investigativa.
"Nos estamos muñendo de toda la documentación y estamos realizando también paralelamente los actuados investigativos correspondientes", agregó.
La denuncia del caso fue planteada el 15 de octubre y pide que los sindicados sean procesados por los delitos de uso indebido de influencias, negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública, incumplimiento de deberes y uso indebido de bienes y servicios públicos.
El documento establece que la querella está sustentada en declaraciones de 11 funcionarios municipales investigados en los casos denominados ´Mochilas I y II´, entre otras pruebas.
El tenor de la denuncia establece que la red de corrupción tenía como sedes de operaciones una oficina en el piso 8 del edificio Business Center, amoblada con fondos municipales y la sede del partido político de los Demócratas, al que pertenece el burgomaestre.
Según la denuncia, los miembros de esa organización ilícita operaron bajo un sistema de órdenes denominado "La línea" en al menos siete procesos de contratación "grandes y chicos", entre ellos, compras de material escolar, ropa deportiva, bombas de agua, el desayuno escolar y la compra de cámaras y torres de comunicación para el proyecto ´Ciudad segura´.