El viceministro de Transparencia Institucional y Lucha Contra la Corrupción, Diego Jiménez, presentó una nueva denuncia contra el alcalde de Cochabamba, José María Leyes, Claudia Leyes y otras tres personas por la presunta conformación de una “red de corrupción” en la Alcaldía, presuntamente liderada por la hermana de la autoridad.

Los otros funcionarios son el exsecretario municipal Financiero Diego Moreno (prófugo); el exsecretario de Atención al Ciudadano José Miguel Padilla (con detención domiciliaria) y la exdirectora de Contrataciones, de iniciales C.A. (aún servidora en la Alcaldía). Son imputados por los delitos de uso indebido de influencias, negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública, incumplimiento de deberes, y uso indebido de bienes y servicios públicos.

Explicó que, a través de la investigación de los casos Mochilas I y II, se identificó a la “red de corrupción” que operaba en la Alcaldía. “No solo era una simulación, sino que se daban las líneas que dirigían los contratos”.

Indicó que la nueva denuncia está sustentada en las declaraciones informativas de 11 funcionarios de la Alcaldía y que se identificaron “claramente” siete procesos de contratación irregulares. Se trata de la compra de bombas de agua para el Departamento de Educación, compra de material deportivo para los juegos plurinacionales, compra de kárdex para el desayuno escolar, adquisición de mochilas escolares en 2016, 2017 y 2018, y la compra de las cámaras de vigilancia del proyecto Cochabamba ciudad segura.

“Si el Alcalde pide elefante azul, ustedes tienen que sacar elefante azul (...). Eran amenazados por el señor Moreno, quien les decía que él era un tipo que con las personas leales podía ser cordial y que podía terrible con aquellos que no (...)”, comentó Jiménez, según lo que extrajo de una de las declaraciones.

Añadió que las reuniones eran dirigidas por Claudia Leyes en el octavo piso del edificio Business Center, donde se instaló su oficina. También indicó que la Casa de los Demócratas, en la plazuela Constitución, era un espacio para definir las ´líneas” de los procesos de contratación puesto que es la delegada del partido en Cochabamba.

Recordó que después de que saliera a la luz el caso de presunta corrupción por la compra de los útiles escolares para 2018, la hermana del Alcalde convocó a una reunión a los funcionarios Responsables del Proceso de Contratación (RPC) para pedirles tranquilidad y ofrecerles abogados. “La red de corrupción continuó operando incluso después de que se anunciara el proceso por el caso Mochilas I”.

Aclaró que, después de presentarse la denuncia, será el Ministerio Público el que seguirá el proceso de investigación.

Acusados

El Ministerio de Justicia identificó una red de corrupción compuesta por José María Leyes, su hermana y otros tres funcionarios.

Apuntes

Caso mochilas

El 3 de abril, la concejala Rocío Molina presentó denuncia penal en contra del alcalde José María Leyes, por la comisión de diferentes hechos ilícitos y de corrupción en el proceso Mochilas Escolares 2018.

Pruebas testificales

La nueva denuncia presentada ante el Ministerio Público por la presunta conformación de una red de corrupción en la Alcaldía de Cochabamba, liderada por José María Leyes y Claudia Leyes (hermana), tiene como sustento la declaración informativa de 11 personas entre funcionarios y exfuncionarios del municipio. El exsecretario de Atención al Ciudadano José Miguel Padilla; el exsecretario de Desarrollo Humano, de iniciales M.C.; exdirector de Desarrollo Humano, de iniciales R.N.; jefe del Departamento de Educación O.B.; profesional del Departamento de Contrataciones y Licitaciones Públicas F.D; profesional de Activos Fijos Muebles, de iniciales J.M.; profesional de Bienes Municipales H.D.; abogada de Activos Fijos Inmuebles J.F.; profesional del Departamento de Educación, de iniciales C.S.; jefa del Departamento de Contrataciones, de iniciales F.C.; y el encargado de función 1 Contrataciones Menores, de iniciales M.V.

Defensa

Humberto Trigo, abogado del alcalde Leyes, señaló que en cinco oportunidades solicitaron un “peritaje”, desde el 9 de abril, para identificar los supuestos hechos de corrupción. Añadió que el sobreprecio se desvirtuó y que “el Ministerio abrirá más de 5.000 denuncias” contra su cliente.