El Senado argentino decidió ayer por unanimidad anular una subida retroactiva del gas que aprobó el Ejecutivo en respuesta al efecto que tuvo la devaluación del peso en las empresas distribuidoras.

Por 63 votos a favor, la Cámara Alta encargó al Gobierno encontrar una solución que no repercuta en los consumidores. El plan inicial era que la población argentina pague en 24 meses, y a partir de enero de 2019, un monto extra por el gas que consumió entre abril y septiembre de 2018.

El coste medio sería de entre 90 y 100 pesos adicionales a la factura de cada mes, de acuerdo con los datos ofrecidos por el Ejecutivo.

La retroactividad de ese aumento, anunciado junto a otra actualización de las tarifas futuras por la inflación, fue uno de los aspectos más criticados por la oposición, y el principal argumento por el que un fiscal federal denunció penalmente al secretario de Energía del país, Javier Iguacel, por "abuso de autoridad" y "violación a los deberes de funcionario público".

Según el fiscal, un aumento no puede tener efectos retroactivos porque los clientes pagaron el servicio y "uno de los efectos del pago es la cancelación total".