En Cochabamba, en los últimos 10 años, 68 profesores fueron acusados por violencia sexual contra estudiantes. De ellos, 30 afrontan procesos penales y el resto continúa en etapa investigativa. De enero a la fecha se registraron ocho denuncias por esa causa, informó el director departamental de Educación, Iván Villa.

La organización Mundial de la Salud (OMS) define la violencia sexual como: “Todo acto sexual, tentativa de consumar un acto sexual, los comentarios o insinuaciones sexuales no deseados, o las acciones para comercializar o utilizar de cualquier otro modo la sexualidad de una persona mediante coacción por otra persona, independientemente de la relación de esta con la víctima, en cualquier ámbito, incluidos el hogar y lugar de trabajo”.

El 19 de septiembre, el ministro de Educación, Roberto Aguilar, informó que más de 250 maestros fueron imputados ante el Ministerio Público por violencia sexual. “Están por encima de 250 casos de maestros de unidades educativas que tienen imputación (por violencia sexual)”.

Los profesores acusados de cometer el delito son suspendidos en cumplimiento al artículo 3 (Medidas de seguridad y protección) del Decreto Supremo 1302 de Erradicación de la Violencia en las Escuelas, que dice: “La o el director, docente o administrativo que fuera imputado formalmente por la comisión de delitos que atenten contra la vida, la integridad física, psicológica y/o sexual de las niñas, niños y adolescentes estudiantes, será suspendido de sus funciones sin goce de haberes, mientras dure el proceso penal correspondiente, como medida de seguridad y protección al menor”.

Villa acotó que los educadores imputados afrontan de manera paralela al proceso penal uno administrativo. Explicó que el Tribunal Disciplinario de cada Dirección Distrital de Educación investiga el caso y debe remitir un informe. “Se dará a conocer las faltas al Ministerio de Educación. Si el maestro cometió el delito, la instancia nacional definirá su retiro del sistema educativo. No trabajará en ninguna unidad educativa del Estado”.

Aclaró que una vez que se identifica un caso de violencia sexual en un colegio, se procede a sentar la denuncia en la Defensoría de la Niñez y Adolescencia. Esa instancia es la que acude al Ministerio Público. Sin embargo, el Ministerio de Educación, a través de sus direcciones, en cada departamento realiza un seguimiento “riguroso” del caso. “Tenemos la obligación de brindar protección al estudiante”.

Añadió que la víctima recibe apoyo psicológico y pedagógico de los profesionales de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia y del establecimiento educativo para superar el suceso y evitar el abandono o ausentismo escolar.

Este año

De enero a la fecha, se registraron ocho denuncias por violencia sexual en establecimientos educativos de Cochabamba.