La Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB), la mayor patronal del país, pidió ayer construir una política nacional de puertos para disminuir la dependencia que tiene el comercio exterior boliviano de Chile.

"Tenemos que pasar del lamento y las justificaciones a la acción y eso necesariamente pasa primeramente por la definición de una política de Estado", señaló el presidente de la CEPB, Ronald Nostas, citado en un comunicado de la institución.

El pronunciamiento de los empresarios se da a propósito del fallo de la Corte Internacional de Justicia (CIJ), con sede en La Haya (Países Bajos), que estableció que Chile no tiene la obligación de negociar con Bolivia el acceso soberano al océano Pacífico que se perdió en una guerra librada (1879-1883)

La decisión del tribunal de Naciones Unidas sobre la demanda planteada por Bolivia en 2013 se conoció el 1 de octubre.

Ante el fallo adverso, expertos en comercio exterior e incluso el mismo Gobierno han hablado de potenciar otras opciones para el comercio exterior del país, que en la actualidad se mueve mayoritariamente por puertos del norte chileno, según EFE.

NUEVOS PUERTOS El presidente de la CEPB sostuvo que Bolivia tiene alternativas portuarias y puede "abrir nuevos espacios en países con acceso a los océanos Atlántico y Pacífico".

Entre estas alternativas, Nostas mencionó un puerto soberano sobre el río Paraguay, el acceso preferencial en el puerto peruano de Ilo, concesiones portuarias en Argentina y Uruguay y el acceso a un puerto sobre el río Madera.

"Por eso mismo debe implementarse una política general que incluya normas de gestión y administración, mecanismos de promoción y financiamiento, aplicación de preferencias arancelarias y puertos secos, además de espacios de coordinación y protección".

Nostas consideró que la política de puertos debe tener necesariamente una visión de articulación público privada, a través de un mecanismos de planificación, implementación, seguimiento y evaluación conjunta, que incluya a los sectores directamente involucrados como los exportadores, importadores, transportistas, productores y despachantes de Aduana, por los privados, según ANF.

En representación del sector público debieran estar la Cancillería, el Ministerio de Obras Públicas, la Administradora Boliviana de Servicios Portuarios y la Aduana Nacional.

Sector privado

La CEPB insiste en la necesidad de ser parte del debate de medidas para hallar mecanismos que disminuyan los efectos adversos del enclaustramiento.