La Asociación Nacional de la Prensa de Bolivia (ANP) anunció su rotundo rechazo a las amenazas de la fiscal Susana Boyán, quien advirtió que podría mandar a detener a periodistas que supuestamente dieron "verdades a medias" en el caso bebé Alexander. La entidad manifestó que la prensa tiene por objetivo la búsqueda de la verdad.
"La Asociación Nacional de la Prensa de Bolivia (ANP) que representa a los principales medios impresos, rechazó la advertencia de la autoridad y reiteró que el trabajo periodístico tiene por finalidad la búsqueda de la verdad", manifestó la ANP a través de un comunicado.
De acuerdo a Página Siete, durante la audiencia de cesación a la detención preventiva realizada el lunes a pedido del médico Jhiery Fernández por el caso bebé Alexander, la fiscal Boyán manifestó que el médico sentenciado podría influenciar a los peritos así como "influenció en los periodistas", y que incluso ella podría solicitar que algunos periodistas sean detenidos porque dieron "verdades a medias" en este caso.
En esa línea, en medio de la audiencia, la fiscal mediante una solicitud también hizo que sean retirados del acto judicial el presidente del Colegio Médico de La Paz, Luis Larrea, y el representante de la Unidad de Transparencia del Tribunal Supremo de Justicia, Marcial Guzmán.
Pero además otro grupo de periodistas de diversos medios de comunicación fueron agredidos en la tarde del lunes por policías antimotines durante la cobertura de dicha audiencia. Incluso se registraron imágenes donde se ve cómo los trabajadores de la prensa tuvieron que resistir a los empujones, jalones y agresiones verbales de los policías, mientras realizaban su trabajo.
"¡No, nos vamos a mover!", gritaron a coro en respuesta a la violencia policial, mientras intentaban mantener el equilibrio, según se observa en los videos que grabaron los reporteros y fueron ampliamente difundidos en las redes sociales.
Boyán es una de las fiscales cuestionadas por el caso bebé Alexander. En semanas pasadas pidió que la sentencia de 20 años de prisión, dictada en marzo contra Fernández, sea ampliada a 30 años, la pena máxima de acuerdo al ordenamiento jurídico del país.
La ANP recordó que el domingo 8 de marzo de 2015, en la población de Viacha, Boyán, junto al fiscal Edwin Blanco, estuvo presente durante la detención del periodista Carlos Quisbert, quien entonces trabajaba en El Diario e investigaba el caso.
La fiscal también fue acusada de amenazar y amedrentar en el juicio a los testigos y a los abogados de la defensa.
El martes en la madrugada, los jueces del Tribunal Décimo de Sentencia de La Paz, Roberto Mérida y Gladys Guerrero, rechazaron la solicitud de cesación a la detención preventiva del médico Fernández por la falta de un certificado de antecedentes actualizado.
La pasada semana se conoció un audio en el que la jueza Patricia Pacajes, la presidenta del tribunal, confesó, en una reunión privada, mientras consumía bebidas alcohólicas, que Fernández es inocente y que la sentencia fue armada por errores en el informe médico forense y por la presión política de conocidos personajes.
Asimismo reveló que el Fiscal General, Ramiro Guerrero, la exminsitra de Justicia, Sandra Gutiérrez, y el exgobernador de La Paz, César Cocarico, metieron "la nariz" en el caso del bebé Alexander.
En marzo el Tribunal Décimo de Sentencia de La Paz condenó a 20 años de prisión a Fernández por el delito de violación y 2 años de cárcel para la médico internista Sandra Madeny, por homicidio culposo, y para la enfermera Lola Rodríguez, por el delito de encubrimiento, todos esos hechos vinculados a la violación y muerte del bebé Alexander.
El 13 de noviembre de 2014, el bebé de ocho meses perdió la vida a raíz de un paro cardio-respiratorio. Además, el menor presentaba un sangrado profuso por la región anal, por lo que la forense Ángela Mora estableció que el menor había sido víctima de violación.
Pese a que el galeno siempre negó los extremos de la acusación fue detenido y desde 2014 guarda detención en la cárcel de San Pedro en la ciudad de La Paz.