El alcalde suspendido de Cochabamba, José María Leyes, cumplió ayer cinco meses en detención domiciliaria, por el caso Mochilas I. El 21 de abril, el juez Fernando Pérez dictó la medida sustitutiva a la detención preventiva tras siete horas de audiencia. Su abogado, Humberto Trigo, indicó que, durante este tiempo, se demostró que “no hubo delito”. “Se avanzó en desvirtuar un presunto sobreprecio en la compra de mochilas y el supuesto favorecimiento para bien propio”.

“En cinco meses no se determinó si es culpable o no. Se le aprehendió sin evidencias, y después del caso mochilas continúan fabricándole juicios. ¿Eso estará bien?”, cuestionó el abogado.

La situación legal del Alcalde derivó en una ”crisis” familiar y económica. Además, cumple la detención domiciliaria en medio de un hostigamiento policial, refirió Trigo.

17.572.05 bolivianos al mes es lo que percibía Leyes como alcalde, antes de que fuera suspendido. Ahora, cubre gastos con un remanente de una casa que vendió en diciembre de 2015, en 130 mil dólares, y vive en el domicilio de su suegra. Trigo indicó que la autoridad atraviesa problemas económicos e incluso presenta dificultades para el pago de la colegiatura de sus hijos. Además, perdió el seguro de salud privado para su familia y debe cancelar por los servicios de sus abogados.

Añadió que su familia está afectada por el fuerte resguardo policial en su hogar. El abogado contó que una patrulla permanece en la puerta del domicilio y que el número de custodios es “incierto”. Hay días en los que hay uno solo y otros en los que se refuerza. Denunció que los guardias “armados” irrumpen a cualquier hora dentro el hogar e invaden su privacidad. “Los niños están con problemas psicológicos. (Al alcalde) le han dado detención domiciliaria con escolta, pero esta no dice que (los custodios) deben estar dentro la casa”.

Su abogado considera que José María Leyes, como cabeza del hogar, muestra “fortaleza” para animar a su familia. “Es fuerte y está esperanzado en que todo saldrá bien y pronto podrá ir a trabajar”.

Recordó que logró salir de un problema de salud severo.



NUEVA DENUNCIA José María Leyes se presentó ayer a la Fiscalía Anticorrupción en el edificio Abugoch por una nueva denuncia interpuesta por una persona particular que pretendió la provisión de letreros. La autoridad se abstuvo en declarar porque no pudieron revisar con antelación el cuaderno procesal. “Estamos sacando las copias y vamos a presentar los memoriales para su rechazo”, señaló su abogado, Humberto Trigo.

La defensa presume un “conflicto” entre empresarios por la contratación. Aclaró que las compras menores las autorizan las direcciones. “Ni le llegó al Alcalde”.

Leyes fue citado a declarar en la Fiscalía en varias oportunidades y por diferentes casos. Hace tres días, se suspendió una por la presunta legitimación de ganancias ilícitas. El caso es investigado tras un informe de la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF). El documento supuestamente detecta movimientos bancarios “sospechosos”. La citación aún no fue reprogramada.

Antes, fue citado a prestar declaración informativa por el caso del “carro balde” y “desayuno escolar”.

Trigo añadió que la denuncia por el presunto sobreprecio en la adquisición de cámaras en el programa Ciudad Segura, Ciudad Inteligente fue parte de un “show” debido a que no recibieron ninguna citación sobre el caso.

Actualmente, se encuentra con detención domiciliaria por el caso mochilas, en investigación.

La hermana ya declaró por caso legitimación

C. Leyes, la hermana del alcalde José María Leyes, ya prestó su declaración informativa por el presunto delito de legitimación de ganancias ilícitas, el miércoles en la Fiscalía. El caso es investigado tras de que la Unidad de Investigación Financiera (UIF) emitiera un informe en el que detectan movimientos bancarios “sospechosos”.

De acuerdo al análisis financiero de la UIF, que concluyó hace poco, el alcalde de Cochabamba, José María Leyes, y su hermana C. Leyes registraron 35 depósitos que no coinciden con sus ingresos económicos, entre el 26 de febrero de 2016 y el 22 de marzo de 2018.

El documento de la UIF identificó pagos en efectivo de 488.030 bolivianos realizados por familiares a las cuentas bancarias de la autoridad. La mayoría de los depósitos fueron realizados por su hermana.

Su abogado, Humberto Trigo, señaló que los depósitos bancarios realizados por familiares fueron con recursos propios del Alcalde. El dinero provenía “del salario de la autoridad y de la venta de una casa”, en 2015.

Añadió que el informe desvirtúa un incremento en el patrimonio del Alcalde. La defensa utilizó el documento para solicitar una audiencia de modificación de medidas cautelares en la que buscan se le permita el trabajo. La audiencia está programada para el miércoles.