La muerte sigue rondando las cárceles del país. El asesinato de Hardy Gómez, a manos de reclusos en el penal de Chonchocoro, por venganza, es una muestra clara de que en los penales siguen mandando los presos y que no se logra, o no se quiere, imponer el imperio de la ley.

Hardy Gómez, quien estaba acusado del asesinato de Víctor Hugo Escobar Orellana, alias El Oti, otro peligroso delincuente, fue golpeado con objetos contundentes, según informó el ministro de Gobierno, Carlos Romero.

El Oti y Hardy Gómez habían sido trasladados del penal de Palmasola, de Santa Cruz, a Chonchocoro, de La Paz, por su peligrosidad, pero el error que cometieron los responsables de Régimen Penitenciario fue colocarlos en el mismo recinto, toda vez que entre ellos existía una rivalidad a muerte.

Romero admitió, según una nota de la agencia de noticias Fides (ANF), publicada por OPINIÓN el 20 de septiembre pasado, que “la pugna de poderes entre grupos de delincuentes complejiza la administración de los recintos penitenciarios (...).

Esta aseveración, en nuestro criterio, confirma que la “administración” de los penales en el país está, en los hechos, en manos de los que purgan sus condenas. Régimen Penitenciario y los policías encargados de la custodia miran de palco e intervienen cuando suceden hechos graves, solo para recoger los cadáveres.

Es un secreto a voces que, por ejemplo, en los penales de Cochabamba, los internos realizan cobros por todo. Una persona que ingresa a ver a un familiar o amigo recluido debe pagar a un interno que controla la puerta. Otro recluso, que hace de “taxi” en el interior del penal, recibe su pago por llamar al reo que tiene visita.

Los internos nuevos deben pagar por el derecho de piso, además de ayudar con pintura u otros materiales que entrega a un grupo que está encargado de administrar estos ingresos.

Pero, retomando el tema de la pugna de poder, los asesinatos, planificados con antelación en los penales, se han vuelto recurrentes en los últimos años, especialmente en El Abra de Cochabamba, Palmasola de Santa Cruz y Chonchocoro de La Paz.

Romero afirmó, según ANF, que le preocupaba que “esta pugna de poder entre organizaciones vinculadas a la criminalidad luego se reproduzca en los recintos penitenciarios y rebase y vulnere nuestras normativas de seguridad interna”.

Lo que no advierte el Ministro es que esta pugna de poder en los penales del país ya ha rebasado el control de la Policía y de Régimen Penitenciario y que se agrava por los intereses económicos. Justamente, El Oti obtenía importantes ingresos por el cobro a los otros internos y la administración de negocios en el penal de Palmasola, además de torturar a reclusos que debían pagar “derecho de vida” e “impuestos” por cada actividad que realizaban u objeto que introducían en la cárcel.

En El Abra, Ariel Tancara Sandagorda, alias El Tancara, dominaba y exigía, respaldado por un grupo, cobros a los otros internos. Este recluso fue asesinado el 14 de septiembre de 2014, también como parte de pugnas por el poder, por internos que planificaron el hecho con varias semanas de anticipación.

En este caso se cumplió el refrán que reza: “El que a hierro mata a hierro muere”, toda vez que El Tancara, para encumbrarse en el poder, mandó a asesinar a Ronald Alcaraz, otro personaje que en su tiempo fue el mandamás del penal de El Abra.

Estos hechos, que de por si ya son más que suficientes, deberían mover a las autoridades para que, de una vez por todas, tomen al toro por las astas e impongan el orden y la ley en los penales, de manera que no sigan siendo los reclusos los que administren las cárceles, sino que cumplan sus condenas y que, si es posible, salgan con una nueva mentalidad para contribuir a la sociedad.