La alcaldesa suplente de Cochabamba, Karen Melissa Suárez, a través de sus dependientes alista una querella contra el alcalde suspendido, José María Leyes, y otros involucrados en los procesos de contratación para la adquisición de mochilas y útiles escolares, según una fuente oficial. Una vez sea designado (en los próximos días) el nuevo director de Asuntos Judiciales de la Alcaldía, presentará la acusación.

Suárez, a los cinco días de ser nombrada alcaldesa suplente temporal, ordenó que el Gobierno Autónomo Municipal de Cochabamba (GAMC) se constituya en “parte querellante” dentro los procesos penales iniciados por supuestas irregularidades en los procesos de contratación ejecutados para la compra de las mochilas chinas. En el caso, el principal investigado es el alcalde suspendido José María Leyes, quien cumple detención domiciliaria.

La Alcaldesa, a través del memorando No. 795 del 25 de julio de 2018, indicó que desde el 9 de mayo del año en curso emitió varias instrucciones orientadas al cumplimiento del artículo 14 de la Ley Marcelo Quiroga Santa Cruz. En la documentación adjuntó las fotocopias de los memorandos 316, 593, 691 y 953, respaldando su petición. La autoridad fue elegida como “suplente temporal” el 4 de mayo de este año.

Henry Edwin Paredes, exdirector de Asuntos Judiciales de la Alcaldía, señaló el martes que se negó a cumplir la instrucción (elaborar la querella), y fue destituido del cargo, el 17 de septiembre. Un día después, reveló que la Alcaldesa le instruyó constituirse en parte querellante en el proceso investigativo del caso mochilas. “Me han pedido que me querelle contra las personas que han participado en el proceso de contratación (...). En el ámbito jurídico tenemos que ver los elementos de convicción y los hechos por los cuales se denuncia y se querella (...). Me dicen le imputaremos de nuevo al Alcalde y otros (...)”.

En respuesta, el secretario de Asuntos Jurídicos de la Alcaldía, Jorge Ibañez, señaló que el municipio no busca dañar ni favorecer al Alcalde. Aclaró que el retiro de Paredes responde a un tercer memorando de llamada de atención y una evaluación de su labor. “Se le agradeció los servicios previa evaluación del cumplimiento de las instrucciones de sus superiores y a la calidad profesional de su trabajo”.

INSTRUCCIONES A través de memorandos, se instruyó a los funcionarios constituirse en parte querellante en el proceso por presuntas irregularidades en la compra de las mochilas y útiles escolares, según los documentos a los que accedió OPINIÓN.

El memorando No. 953, del 4 de julio de 2018, instruye al secretario municipal de Asuntos Jurídicos Jorge Ernesto Ibáñez informar sobre el cumplimiento del artículo No. 14 (Obligación de constituirse en parte querellante) de la Ley No. 004 Marcelo Quiroga Santa Cruz, respecto a los casos Mochilas I y Mochilas II, que son investigados por el Ministerio Público.

Ese artículo señala que: “La máxima autoridad ejecutiva de la entidad afectada o las autoridades llamadas por Ley, deberán constituirse obligatoriamente en parte querellante de los delitos de corrupción y vinculados, una vez conocidos éstos, debiendo promover las acciones legales correspondientes ante las instancias competentes. Su omisión importará incurrir en el delito de incumplimiento de deberes y otros que correspondan, de conformidad con la presente ley”.

La petición de informe la realiza el secretario General de la Alcaldía, Álvaro Javier Gutiérrez, tras la solicitud No. 0242/2018 de 28 de junio de la directiva del Concejo Municipal.

El 30 de julio, la Secretaría de Asuntos Jurídicos recibió el memorando No. 795, firmado por la alcaldesa Karen Suárez, que dice: “Establece plazo perentorio para ejecutar acto procesal que especifica dentro de los procesos penales iniciados a denuncia por supuestas irregularidades en los procesos de contratación para la adquisición de mochilas y útiles escolares”.

Instruyó presentar el memorial que corresponda para que el indicado acto procesal sea ejecutado hasta el 1 de agosto de 2018, indefectiblemente, señala parte del documento.

Ese mismo día, el secretario de Asuntos Jurídicos, Jorge Ernesto Ibánez, envió el memorando No. 43/2018 al entonces director de Asuntos Judiciales, Henry Edwin Paredes, para que cumpla la orden de la Alcaldesa. El documento ingresó a esa Dirección con el rotulo de “urgente”.

Memorandos

La alcaldesa Karen Suárez emitió más de cuatro memorandos para ser “parte querellante” en el caso Mochilas.

Suspenden audiencia de Leyes  

Andrea Trigo, abogada del alcalde suplente, José María Leyes, informó ayer que se suspendió la declaración informativa por el caso de presunta legitimación de ganancias ilícitas. La investigación se abrió después de que la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF) elaborara un informe con datos del proceso de mochilas, en el que supuestamente se detectan movimientos bancarios “sospechosos”.

La abogada señaló que se suspendió la declaración debido a que la Fiscalía no tramitó la orden de traslado de la autoridad, quien tiene detención domiciliaria. En el acta no se fijó la fecha y hora de la reprogramación.

Acotó que el informe de la UIF será usado en favor de Leyes. “No existe ningún movimiento sospechoso ni hay incremento en el patrimonio del Alcalde ni de sus familiares”.

Indicó que el informe será utilizado como “prueba” en la audiencia de modificación de medidas sustitutivas. Están a la espera de una respuesta de la jueza Anticorrupción.

Apuntes

Caso mochilas 

El 3 de abril, la concejala del Movimiento Al Socialismo (MAS) Rocío Molina instauró la primera denuncia penal referida a presuntos ilícitos en la contratación de mochilas escolares para 2018. El contrato fue por 12.3 millones de bolivianos para 91.385 mochilas. Inicialmente se denunció un sobreprecio de alrededor de 10 millones y luego se identificaron presuntas irregularidades en el proceso de contratación.

El segundo caso, refiere a la adquisición en 2017, fue denunciado oficialmente el 27 de abril por el representante departamental del viceministerio de Transparencia, Ever Veizaga. Ese contrato se firmó por 12.6 millones de bolivianos para 91.300 unidades. Los proveedores fueron los mismos en ambos años.

Involucrados

Entre los principales involucrados están el alcalde José María Leyes y el exsecretario Administrativo y Financiero Diego Moreno, quien salió del país el 24 de abril hacia Perú.

En la actualidad, Leyes tiene detención domiciliaria. La determinación se dio el 21 de abril, dentro el proceso denominado Mochilas I.

Autoridad suplente

El 4 de mayo, el Concejo Municipal eligió a Karen Melissa Suárez como la alcaldesa suplente temporal, debido a que Leyes no pudo modificar su situación legal.