Donald Trump ha dado otra vuelta de tuerca para intentar torcer la voluntad de los palestinos, que se niegan a aceptar un plan de paz del presidente de Estados Unidos que juzgan escorado hacia los intereses de Israel. La Administración del presidente republicano ha informado este lunes a los líderes de la Autoridad Palestina del inmediato cierre de la oficina de representación de la Organización para la Liberación de Palestina (OLP) en Washington, que hace las veces de misión diplomática.
La nueva medida de presión de Trump se suma a la declaración de Jerusalén como capital de Israel y al traslado de la Embajada estadounidense a la Ciudad Santa, así como el recorte de los fondos que EE UU aporta al sostenimiento de la UNRWA, la agencia de la ONU para los refugiados palestinos y la cancelación de ayuda humanitaria para mantener hospitales y servicios sociales esenciales.
La decisión será anunciada oficialmente este mismo lunes, según el borrador de un previsto discurso del consejero de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Bolton, que ha sido consultado por Reuters. El secretario general de la OLP, Saeb Erekat, ha denunciado en un comunicado la "peligrosa escalada" en las medidas de presión de la Administración del presidente Trump. Washington ya decretó un cierre temporal de la misión palestina en noviembre del año pasado.
Husan Zomcot, representante diplomático palestino en EE UU ha señalado de igual modo que Palestina va a urgir a la CPI para que abra una investigación por crímenes de guerra contra Israel. Zomcot fue llamado a consultas por la Autoridad Palestina el pasado mes de mayo tras el traslado de la Embajada de EE UU a Jerusalén. El enviado ha llamado a los palestinos residentes en EE UU a colocar banderas palestinas en sus casas en todo el país. "Cada casa será ahora nuestra Embajada", enfatizó en Ramala ante la prensa.
Zomcot calificó de "declaración de guerra temeraria a los palestinos" la clausura de la oficina de la OLP en EE UU. "Los contactos políticos están suspendidos desde hace meses, pero seguíamos prestando servicios consulares", reconoció en el representante de la Delegación General palestina en Washington.
"Hemos sido informados oficialmente de que la Administración estadounidense cerrará nuestra Embajada en Washington como castigo por seguir trabajando con la CPI [Corte Penal Internacional] contra los crímenes de guerra israelíes y que arriarán la bandera palestina, lo que significa mucho más que un nuevo golpe por parte de la Administración (del presidente, Donald), Trump", puntualizó a su vez Erekat, número dos de la OLP y negociador jefe palestino.
"Se trata de una nueva ilustración de la política de castigo colectivo practicada por la Administración Trump contra el pueblo palestino, al que ya cortó la ayuda financiera para servicios humanitarios, incluido en los sectores de la sanidad y la educación", agregó Erakat. "Esta peligrosa escalada muestra que Estados Unidos busca desmantelar el sistema internacional para tapar los crímenes israelíes", señaló, en alusión a la supuesta preocupación suscitada en el Gobierno israelí tras la presentación de un pliego de cargos palestino ante la CPI.
Erekat ha recalcado que las autoridades palestinas "continuarán este camino para conseguir justicia y compensaciones para las víctimas de nuestro pueblo", al tiempo que ha pedido a la fiscal jefe de la CPI, Fatou Bensouda, que acelere la apertura de la investigación. "Los derechos del pueblo palestino no están en venta; no sucumbiremos a las amenazas de EE UU".
Nabil Sahat, asesor internacional del presidente de la OLP, Mahmud Abbas, ha manifestado en Ramala que "el cierre de la misión es un nuevo chantaje de Trump al pueblo palestino" y que no aceptarán "negociar bajo extorsión". "Nuestras relaciones históricas se recuperarán tras las elecciones parlamentarias de noviembre en EE UU o tras la derrota de Trump en las urnas dentro de dos años. No tenemos más remedio que esperar", admitió el veterano negociador palestino,
Según anticipa también el diario estadounidense The Wall Street Journal, el asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca anunciará este mismo lunes el cierre de la oficina de la OLP en la capital estadounidense. La OLP, presidida por el mandatario palestino Mahmud Abas está considerada por la comunidad internacional como el organismo que representa al pueblo palestino. Bolton hará además hincapié en que no aceptará que sus nacionales sean investigados por la CPI sobre presuntos crímenes de guerra cometidos en Afganistán.
"EE UU usará todos los medios necesarios a su alcance para proteger a sus ciudadanos y los de países aliados de ser injustamente perseguidos por un tribunal que carece de legitimidad para ello", reza el borrador de la prevista intervención de Bolton ante un foro político derechista en Washington. Advierte además de que les puede legar a imponer la prohibición de entrada a territorio estadounidense a jueces y fiscales de la corte penal de La Haya, a congelar sus fondos en el sistema financiero norteamericano, e incluso a que sean procesados por la justicia federal.
"No cooperamos con la CPI, ni le prestaremos asistencias ni nos someternos a su dictado", subraya Bolton. Ni Estados Unidos ni Israel han ratificado el Estatuto de Roma para aceptar la jurisdicción de la justicia penal internacional. "Estaremos siempre al lado de nuestro amigo y aliado Israel", recalca el texto del diplomático ultraconservador, a quien el pasado agosto se dispensó un privilegiado tratamiento durante una visita oficial de cuatro días al Estado judío.
El cierre de la misión diplomática palestina en Washington es el último varapalo de una serie de medidas punitivas del presidente estadounidense contra la dirección palestina, que a su vez congeló las relaciones con las autoridades norteamericanas desde que Washington reconoció unilateralmente en diciembre de 2017 a Jerusalén como capital de Israel.
La semana pasada Trump ordenó cancelar la entrega de 25 millones de dólares (21,6 millones de euros) donados a la red de hospitales de Jerusalén Este, según anunció un portavoz del Departamento de Estado. Los centros sanitarios de la parte oriental de Jerusalén -con mayoría de poblaclón palestina y ocupada (1967) y anexionada (1980) por Israel- son también hospitales de referencia para los más de cinco millones de palestinos de Gaza y Cisjordania. "Estamos sufriendo una asfixia financiera", reconoció este lunes Walid Nammur, coordinador de los seis hospitales afectados por los recortes, "que se va a traducir necesariamente en retraso en la atención a los pacientes necesitados de tratamientos vitales y urgentes. La última decisión pone en peligro la vida de cinco millones de palestinos".
Fuente: El País