Más de 50 son los postulantes que aspiran ser elegidos como el próximo Fiscal General del Estado Plurinacional. Lo curioso y llamativo de la lista, que oficialmente se dio a conocer el domingo por la noche, es que aparecen conocidas exautoridades, que desde ya causan cierta polémica, sobre todo en círculos de oposición y en las redes sociales.

El exministro de Gobierno y exviceministro de Régimen Interior y Policía, Jorge Pérez Valenzuela, aparece entre los postulantes y se lo vincula políticamente al partido de Gobierno, precisamente por los cargos que ejerció entre 2012 y 2015.

Prácticamente la incorporación de su nombre, al filo del cierre de la convocatoria, fue la gran sorpresa.

Otro que aparece en la lista es Mario Uribe Meléndres, quien ya ejerció como Fiscal General interino y en 2010 tuvo el respaldo del vicepresidente Álvaro García Linera para que continue como autoridad en tanto se elija a su suplente.

Asimismo, en el nómina figura Fausto Juan Lanchipa, que entre 2011 y 2013 fue titular de la Dirección Estratégica de Reivindicación Marítima y, posteriormente, presidente del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz.

Entre otro de los aspirantes está el hijo del exembajador de Brasil y excandidato del Movimiento Al Socialismo (MAS) a la Gobernación de Santa Cruz, Jerjes Justiniano; o el exmagistrado Gualberto Cusi, quien fue alejado del cargo tras un juicio de responsabilidades.

Otro de los exmagistrados postulantes es Oswaldo Valencia, quien fue miembro del Tribunal Constitucional y firmó la sentencia 084/2017, con la cual se deja sin efecto cuatro artículos de la Constitución Política del Estado para legalizar la reelección indefinida, bajo el argumento de que es un derecho humano, según la agencia Erbol.

La mayoría del resto de los aspirantes tuvo vinculación con el sector público y, en algunos casos, con el actual partido de Gobierno.

La presidenta de la Comisión Mixta de Justicia Plural de la Asamblea Legislativa, Adriana Salvatierra, dijo que por la cantidad de postulantes que se presentaron, “el proceso será competitivo, transparente y legítimo”, y que esta semana se realizará la verificación de la documentación en presencia de un notario público.

En esa labor de verificación lo que más se espera es transparencia y que esté alejada de cierto favoritismo político, que lamentablemente en el pasado ha primado.

Asimismo, es esencial que la población o cualquier sector impugne la postulación de quienes considere necesario, presentando la documentación correspondiente.

La labor de impugnación, según la asambleísta Salvatierra, será del 4 al 10 de septiembre, para que entre el 9 y 12 del mismo mes la comisión resuelva cada una de las observaciones planteadas.

Las autoridades o quienes están a cargo de este proceso están obligadas a dar señales de transparencia e imparcialidad. No es posible que se continúe con la clásica forma de selección, donde las amistades, la afinidad política, entre otros aspectos, tienden a prevalecer.

La justicia necesita de gente intachable y más aún si esta va ser cabeza del Ministerio Público del país. El cargo es importante y como tal debe elegirse al mejor.

Los asambleístas están ante el reto de elegir al mejor y hacer cumplir a cabalidad los 22 requisitos que el Reglamento de Selección y Designación del Fiscal o la Fiscal General del Estado establece.

La nueva autoridad del Ministerio Público debe ser alguien que sea elegido por consenso y no así porque un partido u otro haga prevalecer la mayoría que tiene en la Asamblea Legislativa.

Se sabe que el cargo debe ser ocupado por alguien que no tiene militancia política, al menos cinco años antes del momento de la postulación. Sin embargo, entre los aspirantes hay quienes tienen cierto nexo político.