La compra de bandas distintivas para concejales en Santa Cruz y de mochilas escolares en Cochabamba y Oruro, con aparente sobreprecio, pone una vez más en el ojo de la tormenta a las autoridades encargadas de realizar las compras con dinero del erario público.

Las aparentes irregularidades cometidas en la adquisición de mochilas escolares para más de 91.000 estudiantes de Cochabamba sigue levantando polvareda, ya causó la suspensión del alcalde José María Leyes, además de una profunda crisis política.

Este problema se hizo visible hace casi cinco meses, por medio de la concejal Rocío Molina, debido a que aparentemente se defraudó a la arcas públicas varios millones de bolivianos, favoreciendo, además, a una empresa a la cual se le habría facilitado información privilegiada, incluidos los logotipos de Cochabamba Sorprendente.

Y sorprende realmente que se sigan cometiendo actos de corrupción en los municipios del país. Lamentablemente está muy enraizado el concepto de "robar y hacer", de cobrar el diezmo y aprovecharse lo más posible cuando uno asume un cargo público. Pareciera que algunos malos funcionarios quieren asegurar el futuro económico hasta para sus nietos.

En el caso de Santa Cruz, surgieron varias contradicciones en la compra de las bandas para los concejales. Mientras el concejal oficialista Franz Sucre afirmó, según El Deber, que las bandas que usan actualmente fueron adquiridas a través de un proceso de compra en el periodo legislativo 2015-2016 por 795 bolivianos, el Sistema de Contrataciones Estatales (Sicoes) registra que en el proceso, el Órgano Deliberante pagó 1.400 bolivianos por cada distintivo.

Solo una investigación exhaustiva y transparente podrá develar realmente si se pagó 795 o 1.400 bolivianos por estas bandas. De confirmarse la segunda cifra, se estaría hablando de un sobreprecio de casi el 100 por ciento y un daño al erario nacional.

Incluso se debería ir más allá, saber si realmente el costo de 795 bolivianos es correcto o muy elevado. La Asamblea Legislativa de Santa Cruz informó que en 2015 adquirió bandas para sus asambleístas en 200 bolivianos cada una.

Si bien en este caso no se habla de millones de bolivianos de sobreprecio, los montos pequeños o medianos suman hasta alcanzar cifras importantes.

Lo más probable es que muchas compras con recargos, por tratarse de montos menores, pasan desapercibidas, pero de igual manera se trata de un daño económico al erario nacional.

Lo que habría que averiguar en el caso de la compra de bandas para los concejales de Santa Cruz, además del presunto sobreprecio, si hubo favorecimiento a la empresa que las vendió.

De acuerdo con El Deber, la empresa Textilander se adjudicó para proveer las bandas al Concejo Municipal tanto en el proceso de 2016 como en el de 2017, por 1.400 bolivianos cada uno, según los registros del Sicoes.

Esta empresa se benefició también con la adjudicación de 160 banderas, pequeñas y grandes, y hubo también un aparente sobreprecio.

En muchos casos de estafas millonarias en el país, las personas involucradas son encarceladas por algunos años y, una vez que son liberadas, aparentemente disfrutan de sus fortunas.

En otros países, especialmente asiáticos, el delito de corrupción y otros agravios contra el Estado son castigados severamente, incluso con la pena de muerte. Eso no implica que se siga ese ejemplo en Bolivia, pero las sanciones deben ser más duras y obligar a quienes se apropian del dinero de las arcas comunes a devolver hasta el último centavo.

La pregunta que surge irremediablemente es ¿cuántos casos de microcorrupción habrá en el país y nadie se entera? Por eso es importante que cuando de trata de compras con recursos del Estado se fiscalice incluso las que implican montos menores.