FORO
Lula enfrenta batalla por su candidatura
17 de agosto de 2018 (17:53 h.)
El exmandatario brasileño Luiz Inácio Lula da Silva, preso por corrupción y quien desde abril porfía en los tribunales para recuperar la libertad, inició ayer otra escabrosa batalla judicial, ahora en defensa de su candidatura presidencial.
El Partido de los Trabajadores (PT) ha planteado un nuevo desafío a la Justicia al inscribir la candidatura de Lula para los comicios del 7 de octubre próximo, a pesar de que su condición de presidiario con condena en segunda instancia le impediría postularse a cualquier cargo electivo.
Esa norma figura en una ley sancionada por Lula en 2010, conocida como "Ficha Limpia", promovida por organizaciones ciudadanas y cuya constitucionalidad fue ratificada en 2012 por el Supremo.
Sin embargo, como suele suceder con muchas leyes, el texto deja alguna brecha para la interpretación, a la que pretenden aferrarse los abogados de Lula para defender ahora su condición de candidato preso.
Esa ley establece que no puede ser candidata aquella persona que haya sido condenada mediante una decisión "transitada en juzgado", que en la jerga jurídica brasileña supone una sentencia firme, "o por algún tribunal colegiado", como son los de segunda instancia.
En el caso de Lula, se cumple la segunda de esas condiciones pero no la primera, pues en el proceso por el que ha sido castigado con 12 años de cárcel todavía le restan apelaciones en el Superior Tribunal de Justicia y, según su resultado, ante la Corte Suprema.
Hasta ahora, por esos recursos pendientes, Lula ha denunciado que su prisión es "inconstitucional", pues el Código Penal dice que una persona no puede ir a la cárcel hasta que no concluya por completo el proceso de apelaciones.
Sin embargo, esa norma fue modificada en 2016 por el Supremo, que consideró que una pena "puede" ser ejecutada tras una sentencia en segunda instancia, pues en las apelaciones restantes ya no se juzga la "materialidad" del delito, sino apenas cuestiones técnicas del proceso que no se refieren a la culpabilidad del imputado.
Hasta ayer, las decenas de apelaciones contra la prisión de Lula han sido rechazadas sistemáticamente por la Justicia sobre la base de esa jurisprudencia establecida en 2016.
El Partido de los Trabajadores (PT) ha planteado un nuevo desafío a la Justicia al inscribir la candidatura de Lula para los comicios del 7 de octubre próximo, a pesar de que su condición de presidiario con condena en segunda instancia le impediría postularse a cualquier cargo electivo.
Esa norma figura en una ley sancionada por Lula en 2010, conocida como "Ficha Limpia", promovida por organizaciones ciudadanas y cuya constitucionalidad fue ratificada en 2012 por el Supremo.
Sin embargo, como suele suceder con muchas leyes, el texto deja alguna brecha para la interpretación, a la que pretenden aferrarse los abogados de Lula para defender ahora su condición de candidato preso.
Esa ley establece que no puede ser candidata aquella persona que haya sido condenada mediante una decisión "transitada en juzgado", que en la jerga jurídica brasileña supone una sentencia firme, "o por algún tribunal colegiado", como son los de segunda instancia.
En el caso de Lula, se cumple la segunda de esas condiciones pero no la primera, pues en el proceso por el que ha sido castigado con 12 años de cárcel todavía le restan apelaciones en el Superior Tribunal de Justicia y, según su resultado, ante la Corte Suprema.
Hasta ahora, por esos recursos pendientes, Lula ha denunciado que su prisión es "inconstitucional", pues el Código Penal dice que una persona no puede ir a la cárcel hasta que no concluya por completo el proceso de apelaciones.
Sin embargo, esa norma fue modificada en 2016 por el Supremo, que consideró que una pena "puede" ser ejecutada tras una sentencia en segunda instancia, pues en las apelaciones restantes ya no se juzga la "materialidad" del delito, sino apenas cuestiones técnicas del proceso que no se refieren a la culpabilidad del imputado.
Hasta ayer, las decenas de apelaciones contra la prisión de Lula han sido rechazadas sistemáticamente por la Justicia sobre la base de esa jurisprudencia establecida en 2016.