Los procesos complejos y de continuo cambio que produce la expansión acelerada y la evolución de su huella urbana, ligados a la poca claridad de un modelo que regule su ordenamiento, están transformado el concepto de habitabilidad en las ciudades bolivianas. Esta situación revela la urgencia de generar un instrumento de apoyo legal centrado en la planificación urbana integral, que sistematice las diversas entidades geográficas del país, mediante la formulación de una Política Nacional de Desarrollo Urbano (PNDU), que oriente a los tomadores de decisiones en la búsqueda de respuestas satisfactorias en los procesos de desarrollo y sustentabilidad urbana.

La planificación territorial, como instrumento de ordenación, busca a través de los tomadores de decisiones la definición de objetivos y su aplicación mediante planes, estrategias, técnicas y políticas para la organización legítima y racional del suelo en diferentes periodos temporales, que aporten en el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes, el fortalecimiento del desarrollo socioeconómico y el logro de condiciones de sustentabilidad.

Por tanto, la planificación urbana integrada inscrita al interior de una Política Nacional de Desarrollo Urbano constituye un instrumento de coordinación de la dimensión espacial de las políticas sectoriales en el territorio, donde confluyen planes de ordenamiento territorial, financiamiento e inversión y herramientas de gestión que permiten el funcionamiento eficiente de los sistemas urbanos.

Bajo esta mirada, y producto del proceso de crecimiento y expansión, en las ciudades bolivianas son visibles una serie de problemas urbanos conexos a las actuales regulaciones institucionales y a la etérea presencia de un mecanismo pertinente de ordenamiento constante, que afectan las condiciones de habitabilidad urbana. Por el contrario, reflejan claramente inconveniencias relacionadas con la ausencia de espacios públicos y áreas verdes de calidad, congestionamiento y colapso vial, insolvencia de suelo para vivienda, precariedad en el equipamiento, la infraestructura y los servicios públicos, debilitando la convivencia comunitaria, la pérdida de valores naturales y paisajísticos, así como la desvalorización del patrimonio histórico, por citar los más relevantes.