“Señor Ministro de Justicia, por favor ayúdeme. El asesino de mi hijo y de otro joven saldrá libre por culpa de este sistema judicial boliviano, y yo ya no lo podré soportar”. La frase la pronunció una madre en un tono de ruego, en el que también había una mezcla de impotencia, de dolor y de rabia contenida.

Miriam Contreras de Méndez se ve cansada. Han pasado cuatro años desde que le arrebataron a su hijo, pero sus ojos y su corazón no han dejado de llorar.

Sus lentes oscuros intentan esconder su desencanto ante la vida, pero sus palabras la traicionan y no puede evitar protestar contra un sistema que no sabe de piedad ante el dolor de una madre.

LA FAMILIA Ella y su esposo, un militar que estaba destinado en Cotapachi, tuvieron 10 hijos y Jorge Miguel era el cuarto de los hermanos. La numerosa familia vivió en una casa de la avenida Capitán Víctor Ustariz, a la altura del kilómetro 3.5 de la Blanco Galindo, y los niños siempre se cuidaron los unos a los otros.

LA SORDERA “Mi hijo no nació sordo. Perdió ese sentido cuando se enfermó con meningitis”, aclara. Miky, como lo llamaban todos, tenía apenas seis años cuando se contagió del mal, pero este se manifestó a las cinco de la tarde de un 5 de mayo, fecha que Miriam no olvida, cuando él jugaba fútbol con sus primos y le llegó un pelotazo a la cabeza.

“Mi hijo cayó al piso y se puso mal. Ardía en fiebre y traté de bajársela con remedios, pero no disminuía. Solo quería estar en mis brazos y lo llevé a la Caja Nacional de Salud. Mientras íbamos en el auto, mi hijo empezó a convulsionar”, rememoró la mujer.

El niño fue internado de emergencia y, tras varios exámenes, los médicos les dijeron que tenía meningitis y que el pronóstico no era bueno. Le advirtieron que podía perder la vida, quedar ciego, sordo, mudo o sufrir otras secuelas.

“Yo estaba embarazada de mi quinto hijo y los galenos no me dejaban ver a Miky, para proteger al bebé de mi vientre. Fue muy doloroso. Otro niño de la sala con meningitis falleció y me desesperé. Mi hijo estuvo internado siete meses, pero a las tres semanas de su internación comenzó a perder paulatinamente la audición, hasta que ya no nos escuchó más”. Sin embargo, él podía hablar.

LA SUPERACIÓN Jorge Miguel Méndez Contreras aprendió a leer los labios y el lenguaje de señas en el Instituto de Audiología. Luego estudió en el colegio Don Bosco, de donde salió bachiller. El día de su graduación fue el encargado de expresar las palabras de agradecimiento y despedida a nombre de su promoción. Miky era conocido entre sus amigos por su gran corazón. “Sentía compasión por la gente que era rechazada por los demás. Trabajaba en pollos Panchita y, en cuanto recibía su sueldo, llenaba su mochila de pan y leche chocolatada en bolsitas para ir a repartirla a los adictos a la clefa”, contó la madre.

Se inscribió a la Universidad Técnica Privada Cosmos, en la carrera de Diseño Gráfico. “Estaba a media carrera cuando me lo mataron. Era un chico bueno, responsable, pero, como a todo joven, le gustaba pasar tiempo con sus amigos”, dice Miriam.

EL DOBLE CRIMEN La noche del 21 de junio de 2014, Miky, que había cumplido 26 años, se encontró con otros tres amigos en la plaza Corazonistas: Aldrin Vargas Paniagua, de 35; Zoraida Copa Sánchez y Omar N., todos ellos sordomudos. Habían comprado bebidas alcohólicas de una tienda y departían comunicándose con señas, mientras estaban sentados en una banqueta de la plaza.

El policía Rubén Condori Cahuara, vestido de civil, estaba ebrio y pasaba por allí. Según la versión de Zoraida y de Omar, el desconocido los abordó para unirse al grupo. Miky, que era el único que leía labios, le hizo señas para que entendiera que no podrían comunicarse por la discapacidad que tenían.

El agente insistió y se acercó mucho al grupo. Omar lo empujó para obligarlo a irse. Finalmente el efectivo se fue, pero, cuando trastabillaba por el empujón dejó caer su billetera, que ya estaba saliéndose del bolsillo de su pantalón.

Omar la tomó luego de unos minutos, y la revisó. No había dinero, solo una foto pequeña y papeles con anotaciones. Decepcionado y pensando que el ebrio ya no volvería, Omar lanzó la billetera hacia arriba y quedó atrapada en medio del ramaje de un árbol.

LA TRAGEDIA Sin embargo, Rubén Condori Cahuara fue hasta Orden y Seguridad de la avenida Heroínas, sacó su arma de reglamento de un casillero y volvió a la plaza Corazonistas para disparar contra los sordomudos.

Aldrin Vargas Paniagua murió primero, con una bala en la frente; Jorge Miguel Méndez fue asesinado con dos balas, una en la frente y otra en el parietal. Zoraida Copa Sánchez recibió dos balazos, uno en la mandíbula y el otro en el brazo, pero sobrevivió. Omar logró escapar corriendo mientras el agente arremetía contra sus compañeros. Horas después, mientras la Policía estudiaba la escena del crimen, Omar volvió para mostrarles que la billetera del asesino estaba en un árbol. La abrieron y reconocieron en la foto al policía.

El sospechoso fue aprehendido en su casa, donde los investigadores hallaron la ropa manchada con la sangre de sus víctimas. Admitió que disparó contra los sordomudos, pero intentó justificar su reacción asegurando que le habían atracado para quedarse con su billetera. “No era verdad. ¿Qué ladrón se arriesga a quedarse en la plaza a esperar que su víctima vuelva con policías? La verdad es que ese hombre se enojó porque Omar lo empujó y no quisieron beber con él”, opina la madre de Miky.

La versión del policía fue desestimada durante el juicio, aunque Omar desapareció y no ratificó la declaración que hizo ante la Fiscalía. La sobreviviente, Zoraida, sí lo hizo.

30 AÑOS Y los jueces, luego de examinar las pruebas científicas, testimoniales y documentales hallaron culpable a Rubén Condori Cahuara del delito de asesinato contra dos sordomudos y de tentativa de asesinato contra la joven.

El 7 de agosto de 2015 fue sentenciado a 30 años de reclusión en el penal de El Abra, pero el ahora expolicía aún guarda detención en San Sebastián.

“Una cree que una vez dictada una sentencia, un asesino se quedará encerrado, pero no es verdad. Nuestra justicia es terrible”, lamenta la madre.

Cuatro años después del doble crimen, Rubén Condori Cahuara pidió su libertad y se la otorgaron. Le fijaron una fianza de 80.000 bolivianos y, en cuanto la pague, podrá salir de la cárcel. “Yo no sé de normas, pero cualquiera se da cuenta de que esto no es correcto, que esto no es justicia. Por eso quiero evitar que esto se consume y pido la ayuda del Ministro de Justicia”, dijo Miriam Contreras.

Zoraida, la sobreviviente

Zoraida Copa Sánchez recibió dos disparos la madrugada del 21 de junio de 2014. Un proyectil le perforó la mandíbula y, el otro, un brazo.

Fue auxiliada rápidamente y los médicos le salvaron la vida, pero en estos cuatro años ha tenido que someterse a nueve cirugías reconstructivas que aún no han resuelto varias secuelas. Necesita otras operaciones más, pero su familia ya no puede cubrirlas. Incluso tienen deudas por las anteriores.

“Lo que yo sé es que la madre de Zoraida fue a buscar al policía a la cárcel, para pedirle que sea consciente y la ayude a pagar lo gastos de recuperación, para que su hija pueda llevar una vida normal, pero él le respondió: No me importa”, contó Miriam Contreras de Méndez.

Alberto Vargas, el padre de Aldrin, también pidió justicia. Las familias de las tres víctimas se organizaron para efectuar dos marchas de protesta, en los últimos 10 días, y exigir a los vocales que cumplan con sus deberes, para que los crímenes no queden en la impunidad. No descartan asumir otras medidas.

Vocales ni siquiera sortearon la apelación del caso de sordomudos

¿Cómo se explica que una persona sentenciada a 30 años de reclusión pueda salir en libertad con fianza? Ariel Coro, el abogado de la familia de Miguel Méndez Contreras, explica lo que ocurre en este caso en particular: la sentencia de Rubén Condori Cahuara aún no ha sido ejecutoriada (confirmada) en Sucre y la ley establece que los ciudadanos que están presos por más de tres años, sin sentencia ejecutoriada, deben ser tratados como detenidos preventivos y pueden acogerse al beneficio de la libertad con medidas sustitutivas.

Sin embargo, eso no es lo peor. El expediente del caso no ha llegado al Tribunal Supremo de Justicia todavía, porque ha quedado “olvidado” en la Sala Penal 2 de Cochabamba, que ni siquiera lo ha sorteado para elegir al vocal que resolverá la apelación.

Coro explicó que, luego de la sentencia condenatoria emitida en contra de Rubén Condori, el abogado del expolicía presentó una apelación restringida para que se revise si ese fallo de los jueces ha vulnerado las normas legales en vigencia.

La apelación restringida fue presentada ante la Sala Penal 2 y, de acuerdo al Código de Procedimiento Penal, los vocales tienen 30 días para sortear el vocal y resolver el planteamiento.

Debido a las 11 acefalías de vocales y a la excesiva carga procesal, la resolución de apelaciones ha sufrido retrasos. Abogados penalistas consultados por OPINIÓN aseguran, empero, que esa demora no excede los 12 a 18 meses.

En el caso del doble crimen de los sordomudos, la demora alcanza a los tres años. “En todo este tiempo no hay un auto de vista que resuelva la apelación”.

Rubén Condori permaneció encarcelado porque habían dos riesgos procesales: la sentencia condenatoria en primera instancia y el peligro de influir en testigos del juicio.

Según una sentencia constitucional, una condena en primera instancia dejó de ser un riesgo procesal. Otra sentencia constitucional, la 012/2014, estableció que no se puede mantener detenidos preventivamente a los ciudadanos que tienen un solo riesgo procesal, y por ello se le fijó una fianza a Condori.

“Con esos fundamentos, en una audiencia de cesación de la detención celebrada hace unos 10 días, los jueces del Tribunal de Sentencia 3 decidieron darle libertad con medidas sustitutivas”. Le impusieron el pago de una fianza de 80.000 bolivianos, la obligación de presentarse una vez por semana ante la Fiscalía y la prohibición de comunicarse con las víctimas y testigos del juicio.

Jueces y vocales incumplen deber de priorizar casos

Si bien las familias de los sordomudos asesinados apelaron la resolución que otorga medidas sustitutivas a Rubén Condori, y esperan que esa decisión se revierta, la posibilidad de que el expolicía huya luego de obtener el beneficio les preocupa mucho.

“Si eso pasa, ¿los jueces y vocales nos garantizan que lo atraparán para que cumpla su condena cuando sea ejecutoriada?, pregunta la madre de Miky.

El 5 de marzo de 2014, el entonces presidente del Tribunal Supemo de Justicia, Jorge von Borries, envió a todos los jueces, vocales, presidentes de salas penales y de los tribunales departamentales la circular 009/2014, en la que les instruye “priorizar los recursos de apelación restringida y los recursos de casación en todos los procesos con detenidos, considerando que tienen una duración máxima”.

Un proceso penal no puede durar más de ocho años. Si excede ese tiempo, los acusados pueden tramitar la extinción del mismo.

El caso de los sordomudos no es el único en el que los condenados son beneficiados con la libertad. El caso más emblemático es el del triple linchamiento de policías en Epizana, ocurrido el 26 de febrero de 2008. En 2010, ocho de los 30 linchadores fueron sentenciados a 30 años de cárcel, pero, al cumplir tres años recluidos, salieron libres tras pagar fianzas. Los condenados presentaron una apelación restringida ante la Sala Penal 3 que “durmió” durante siete años y tres meses, sin que haya sido sorteada siquiera. Una pesquisa descubrió que cuatro vocales retardaron el proceso “a propósito” porque resolvieron otras apelaciones posteriores a la de Epizana y archivaron la de los linchadores. El Consejo de la Magistratura presentó una denuncia penal contra vocales y secretarios implicados, por los delitos de incumplimiento de deberes y retardación de justicia, pero el proceso no avanza en la Fiscalía.

El caso Epizana está en riesgo de extinguirse porque los delitos cometidos por los vocales lograron que el proceso penal cumpla 10 años desde el triple crimen.

La representante del Consejo de la Magistratura en Cochabamba, Mabel Montaño, explicó, en otra entrevista, que existe una excesiva carga procesal que se agudizó porque las salas penales no están completas. Hay 11 acefalías que deben ser reemplazadas. En mayo de 2018, la Magistratura lanzó una convocatoria a la que se presentaron 95 postulantes, entre ellos varios observados. Pero, días después, la convocatoria fue suspendida. Mientras, las apelaciones restringidas de los condenados se siguen acumulando en las salas penales, y la posibilidad de que psicópatas, pedófilos, y asesinos salgan en libertad es inminente.