Portando los retratos de Miguel Méndez Contreras y de Aldrin Vargas, los sordomudos asesinados por un policía en 2014, sus familiares y amigos marcharon ayer desde la plaza Corazonistas hasta el Tribunal de Justicia de Cochabamba exigiendo que los jueces no liberen al autor confeso del doble crimen.

El padre de Aldrin, Alberto Vargas, y la madre de Miguel, Miriam Contreras, denunciaron que hace unos días se realizó una audiencia de cesación de medidas cautelares en la que el policía Rubén Condori Cahuara solicitó su libertad, pese a tener una condena de 30 años de cárcel por asesinar a dos sordomudos y herir gravemente a una tercera, el 21 de junio de 2014. Alegó que su sentencia no ha sido ejecutoriada.

Los jueces le dieron libertad con medidas sustitutivas. “Solo tendrá que pagar una fianza de 80.000 bolivianos y un criminal saldrá a la calle, sin cumplir su pena. ¿Acaso esto es justicia?”, protestaron Vargas y Contreras. Personas con discapacidad expresaron su repudio por las decisiones judiciales que atentan contra el derecho de las familias de las víctimas a ser reparadas, y que ponen en riesgo a la sociedad. Advirtieron más medidas de presión y exigieron que los vocales cumplan con su trabajo en los plazos de ley.