La Corte Suprema de Brasil confirmó hoy que la presidencia de ese tribunal será asumida el 13 de septiembre próximo por el magistrado José Antonio Dias Toffoli, quien ocupó algunos altos cargos en el Gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva.


Dias Toffoli fue elegido por los propios miembros del tribunal, de acuerdo a una tradición según la cual ocupa ese cargo el juez con más antigüedad en la corte que aún no haya ejercido la presidencia, como es su caso.


El juez presidirá el tribunal durante los próximos dos años y sustituirá en el cargo a la magistrada Carmen Lucia Antunes.


Dias Toffoli, de 50 años, llegó a la Corte Suprema en 2009 y fue propuesto por el entonces presidente Lula, quien está en la cárcel desde abril pasado, condenado a doce años por corrupción.


Antes de asumir su puesto en la corte, Dias Toffoli se había desempeñado como asesor jurídico del Ministerio de la Presidencia y como titular de la Abogacía General del Estado, en ambos casos nombrado también por Lula.


Su relación con el entonces mandatario ya era antigua, pues había sido abogado del Partido de los Trabajadores (PT) en las campañas electorales de 1998, 2002 y 2006, en las que Lula fue candidato, y, además, había trabajado como asesor jurídico de esa formación en la Cámara de Diputados entre 1995 y 2000.


Desde abril pasado, cuando Lula fue encarcelado para comenzar a cumplir su condena, la Corte Suprema ha analizado diversos recursos presentados por la defensa del expresidente en favor de su libertad, pero hasta ahora todos han sido negados.


La prisión de Lula fue determinada con base en una jurisprudencia que el propio Supremo estableció en 2016, según la cual toda pena que sea ratificada por un tribunal de segunda instancia, como es su caso, ya puede ser ejecutada, aún cuando resten apelaciones en las cortes superiores, como ocurre con el propio exmandatario.


Ese asunto volvió a ser analizado este año a pedido de los abogados de Lula, esa jurisprudencia fue mantenida en una ajustada votación (6-5) y Dias Toffoli fue uno de los magistrados que se pronunció por revisar la decisión de 2016.


Su argumento, compartido por otros cuatro magistrados, fue que, de acuerdo a su interpretación de la Constitución, y según sostiene la defensa de Lula, una pena sólo puede ser ejecutada una vez que concluya por completo el proceso de apelaciones.


La ajustada mayoría que votó por mantener la jurisprudencia alegó que las apelaciones que restan tras un juicio en segunda instancia sólo cuestionan aspectos técnicos del proceso, pero no el mérito de la acusación, por lo cual la sentencia no puede ser revocada.