El pasado viernes, en este mismo espacio, destacábamos el hecho de que el presidente Evo Morales y el vicepresidente Álvaro García Linera habían decidido levantar el secreto bancario de sus cuentas. A la vez nos preguntábamos por qué la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF) recién lo hacía público, cuando ambas autoridades habían solicitado a dicha instancia gubernamental hace nueve años, vale decir en 2009.

Lo curioso es que a nadie se le ocurrió, principalmente a quienes lo solicitaron, cuestionar por qué no se cumplió ese pedido en el corto plazo, o es que así siempre tarda un trámite?

Sin embargo, cuando el funcionario de la UIF que hizo la suma de todas las cuentas bancarias del Presidente se equivocó y dijo que el dinero en bancos del Primer Mandatario alcanzaba a 406.391,93 bolivianos y no a 732.076,25, este fue enviado a la cárcel de San Pedro en La Paz.

E. L. A. G., analista financiero, fue denunciado por la directora de la UIF, Teresa Morales, ante el Ministerio Público por los delitos Incumplimiento de Deberes, Conducta Antieconómica y Alteración, Acceso y Uso Indebido de Datos Informáticos.

Tras la denuncia, la Fiscalía aprehendió al funcionario y lo llevó ante el Juzgado Séptimo de Instrucción en lo Penal de La Paz, instancia que el pasado sábado determinó el encarcelamiento de E.L.A.G porque supuestamente existen suficientes elementos de peligro de fuga y obstaculización de la investigación.

El caso llama la atención y se advierte cierta exageración de parte del Ministerio Público y del Juzgado Séptimo de Instrucción en lo Penal de La Paz, ¿o existen otros elementos que hallaron en contra del funcionario y que aún no lo informaron?

Por los datos que hasta ahora se conocen, no ameritaba enviar a prisión a E.L.A.G. Si la autoridad de la UIF consideraba que la falta fue grave, un memorándum de despido era suficiente.

Sin embargo, si se hallaron otros indicios más graves que los que se informaron a la prensa, sería bueno y pertinente que la directora Teresa Morales los dé a conocer.

La decisión del Juzgado contra el funcionario fue duramente cuestionada por políticos y ciudadanos que se expresaron a través de las redes sociales.

El gobernador de La Paz, Félix Patzi, manifestó a la red Erbol que no es pertinente lo ocurrido con el funcionario. “No por sumar mal podemos enviar a una persona (a la cárcel), cualquiera puede cometer un error”, dijo.

Por su lado, el líder de Unidad Nacional (UN), Samuel Doria Medina, manifestó que el encarcelamiento del funcionario “es una muestra del régimen autoritario que quiere instaurar el Gobierno y que no se debe permitir”.

En tanto, el académico Rafael Puente, exprefecto de Cochabamba y exmilitante del MAS, calificó el hecho como arbitrario y que demuestra una justicia manejada por el Poder Ejecutivo. “El funcionario cometió un error que, si fue de mala intención, de todas maneras fue para endulzar la imagen del Presidente. No se me hubiera ocurrido que lo hubieran metido preso por eso, qué grave”.

Para evitar este tipo de interpretaciones y críticas es necesario que las autoridades de justicia y, en particular, de la UIF informen qué más hay detrás de la equivocación del funcionario. De no justificar su encarcelamiento, las críticas seguirán “lloviendo”.

Tal como se ve y conoce hasta ahora, se presume, incluso, de un abuso cometido contra el analista financiero.

Si bien se trata de la cuenta del presidente Morales, creemos que el error no ocasionó un efecto como el que podría ocurrir con un dato equivocado del crecimiento del PIB y por el que cierta autoridad tome una decisión trascendental y errónea.

Es cierto que hay que tener mucho cuidado con los datos numéricos, pero en este caso no ameritaba la cárcel. Insistimos, ¿hay algo más y que no se ha informado?