Resultan paradójicamente contradictorias las posiciones que toma el Gobierno respecto a la Iglesia católica, su jerarquía y labor. Por un lado, se proclama a los cuatro vientos amistad y respeto al Santo Padre, se implora su mediación y bendición, se peregrina a la sede del catolicismo con diferentes argumentaciones y justificaciones, aun cuando muchos de ellos no tengan justificable razón. Al interior del país hay reconocimientos, un tanto esporádicos y circunstanciales, a la labor de religiosos que prestaron servicios eminentes al Estado. Desde que monseñor Ticona apareció en el escenario nacional, como Cardenal, los esfuerzos del Gobierno de adueñarse de esa figura y sus opiniones, cuando son favorables al Gobierno, son elocuentes; tanto origen indígena como opiniones son suficientes para su utilización pragmática y publicitaria, cuando no, controversial y de enfrentamiento con el conjunto de la Iglesia. Tal utilitarismo tiene su expresión plena en la asistencia del Mandatario al acto de consagración cardenalicia; hecho inédito en la historia del país y, en cierta manera, contradictorio, puesto que el gobernante dice no profesar religión alguna, como también sus acciones van dirigidas particularmente contra la Iglesia católica, como ejemplo: propiciar una iglesia nacional autónoma e independiente de Roma. No son menos graves las descalificaciones desdeñosas mediante adjetivos altisonantes, cuando religiosos o laicos comprometidos reclaman el cumplimiento de la ley o condenan injusticias y los desmanes que asolan a diferentes grupos humanos o particulares, como ser narcotráfico, abuso de poder, corrupción, trata de personas, violaciones, feminicidios y otras mil situaciones análogas, en las que indudablemente la responsabilidad del Estado y sus conductores es parte activa o pasiva. Si la Iglesia cuestiona, observa y exige un cabal cumplimiento de la Constitución Política, el Gobierno, en todos sus niveles, cae en el paroxismo. Hace muy pocos días, frente a la opinión asumida por la Conferencia Episcopal de Bolivia, acerca del respeto ciudadano al referendo del 21 de febrero famoso, un senador del MAS, de apellido Aguilar, manifestó: “Es rol de la Iglesia impartir la misa y hablar de la Biblia”. Tales expresiones, al margen de la impropiedad de los términos, debe considerarse como una pretensión de fijar límites a los fines y funciones de una entidad que, en forma continua, sistemática, silenciosa, pero efectiva, ha desempeñado, cumpliendo a cabalidad la función de subsidiaridad y solidaridad en tareas en las que el Estado y sus organismos, no obstante de estar obligados a realizar, no pueden o se abstienen de ejecutarlas. Tales tareas que asume por sí la Iglesia son de diferentes órdenes, comenzando con la defensa de la vida y la libertad, la ayuda y protección de los más necesitados, desvalidos y abandonados, acción que se amplía en otros aspectos sociales y culturales, bajo los principios rectores fundamentales de respeto a la dignidad humana y la práctica de la caridad en su verdadera dimensión y comprensión, en búsqueda incesante del bien común, concepto de gran connotación y sabiduría política, puesto que fija rumbo y esencia la democracia, más que como una forma de gobierno debe constituirse en una forma de vida, perfecto equilibrio entre ideales e intereses.